Las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya no solo avanzan en la Justicia: también empezaron a impactar en el escenario político. En las últimas horas, dirigentes de distintos espacios opositores salieron a cuestionar su situación patrimonial y a exigir explicaciones públicas.
Una de las voces más contundentes fue la de Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, quien apuntó directamente contra el funcionario. “¿Quién es Adorni? Nadie sabe”, lanzó, y respaldó la investigación judicial al afirmar que confía en el trabajo del fiscal Gerardo Pollicita. Sus declaraciones se dieron en paralelo a nuevas medidas de prueba que buscan reconstruir los viajes, gastos y operaciones del jefe de Gabinete.
Las críticas también llegaron desde el radicalismo. El intendente de Venado Tuerto y presidente de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, sostuvo que “las mentiras de Adorni parecen no tener fin” y planteó que, si no es desplazado, debería renunciar para someterse a la Justicia como cualquier ciudadano.
Las mentiras de Adorni parecen no tener fin. El presidente y todo el gobierno lo defienden.
— Leonel Chiarella (@leonelchiarella) April 7, 2026
Como no lo van a echar, debería renunciar y someterse a la Justicia como un ciudadano común.
El trasfondo de los cuestionamientos es el mismo: la falta de explicaciones sobre el crecimiento patrimonial del funcionario. Las operaciones inmobiliarias, los créditos con particulares y las inconsistencias en sus declaraciones juradas conforman un cuadro que, más allá de la instancia judicial, empieza a erosionar políticamente al Gobierno.
En ese sentido, las críticas cruzan distintos ejes. Mientras algunos dirigentes ponen el foco en la transparencia, otros señalan una contradicción más amplia con el discurso oficialista de austeridad y lucha contra la “casta”. La figura de Adorni, que ganó centralidad dentro del Ejecutivo, se convierte así en un punto sensible para la administración de Javier Milei.
La ofensiva opositora coincide con el avance de la investigación judicial, que incluye pedidos de informes sobre viajes, propiedades y movimientos financieros del funcionario y su entorno. La citación de testigos y la recopilación de documentación refuerzan la presión sobre el jefe de Gabinete.
Por ahora, el presidente Milei mantiene su respaldo, pero el caso empieza a trascender lo judicial. La acumulación de críticas desde distintos sectores políticos muestra que el tema dejó de ser un expediente aislado y pasó a convertirse en un problema político que puede escalar si no aparecen respuestas claras.