El rechazo de un cargamento de carne argentina por parte de China y la devolución de un envío de girasol desde Bulgaria encendieron señales de alerta que van más allá de episodios puntuales: expusieron un deterioro creciente en los controles sanitarios del SENASA con impacto potencial en la reputación internacional y en la seguridad alimentaria interna.
Detrás de estos casos, que golpean a uno de los motores del agro argentino, comienza a tomar forma una preocupación más estructural sobre el funcionamiento del organismo encargado de garantizar la sanidad y calidad de la producción.
Desde el propio SENASA, sus trabajadores advierten que no se trata de fallas aisladas sino de las consecuencias de un proceso de desgaste sostenido, atravesado por recortes, desregulación y una fuerte caída del poder adquisitivo.
“La degradación del salario público hoy está por debajo de la línea de la pobreza”, aseguró Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE Nacional y trabajadora del organismo en diálogo con Newsdigitales, al poner el foco en uno de los factores menos visibles de la crisis.
Según explicó, el problema central no pasa únicamente por los despidos, sino por un fenómeno más silencioso pero constante: la salida de profesionales clave. “Con ese salario no puede vivir. Entonces lo que estamos viviendo es un éxodo de trabajadores”, advirtió.
En ese contexto, el SENASA -un organismo históricamente reconocido por su capacidad técnica- empieza a mostrar serias dificultades en su funcionamiento cotidiano, con controles al límite y riesgos que ya no se restringen al frente exportador.
El SENASA pasó de tener cerca de 6.000 trabajadores al inicio de la gestión de Javier Milei a contar hoy con 4.848 empleados , según datos aportados por el gremio. A eso se suma un goteo permanente de renuncias: “Todos los días se van entre 30 y 35 técnicos y veterinarios”, señaló Cabezas.
“El vaciamiento no es de política pública sino de falta de manos”, sintetizó. En ese sentido, remarcó que la crisis tiene un carácter eminentemente operativo: menos personal implica menos controles efectivos.
Aun así, la dirigente gremial aseguró el organismo sigue funcionando por el compromiso de sus trabajadores. “Hay profesionales que trabajan muy a conciencia y siguen eligiendo el Estado como herramienta”, destacó, aunque advirtió que ese sostén tiene un límite claro.
“La capacidad operativa del organismo está al límite. Se cae un trabajador más de la grilla y nos quedamos sin posibilidad de funcionar”, alertó.
Para Cabezas, los recientes rechazos internacionales están directamente vinculados con esa pérdida de capacidad. “No pueden resolver el control exhaustivo que tienen que hacer los trabajadores”, explicó.
En el caso de la carne enviada a China por le frigorífico ArreBeef de Ramallo, el problema fue la detección de cloranfenicol, un antibiótico prohibido en el comercio internacional desde 1995. Situaciones similares, aunque con otros residuos, se detectaron en el cargamento de girasol rechazado por Bulgaria.
“El prestigio del organismo se está perdiendo. Si no, no rechazan cargamentos”, afirmó. Y agregó: “se está perdiendo prestigio internacional” sostuvo.
La advertencia no es menor: una caída en la confianza sanitaria puede derivar en mayores controles externos, trabas comerciales o incluso el cierre de mercados estratégicos
Otro de los puntos críticos que planteó la dirigente de ATE tiene que ver con las condiciones concretas en las que se realizan los controles.
Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE y trabajadora de SENASA. “Con un millón cien mil pesos de salario, además tenés que poner plata para cargar nafta y salir al campo a tomar muestras a una vaca”, describió. En muchos casos, los viáticos están desactualizados o directamente no alcanzan, denunció Mercedes Cabezas.
“El trabajador termina manteniendo al organismo”, resumió, en referencia a los esfuerzos de “militancia en favor del estado” que realizan los trabajadores para continuar en una actividad poco atractiva desde la mirada salarial y económica.
Si bien los rechazos en el comercio internacional encendieron las alarmas, desde ATE advierten que el problema no se limita a la exportación.
“Lo que comemos todos los días también necesita controles”, señaló Mercedes Cabezas. Y advirtió que, con menos personal, el monitoreo sobre alimentos destinados al mercado interno también se ve afectado.
“El consumo interno se está consumiendo en estas características con trabajadores y trabajadoras que no pueden llegar a controlar todo lo que se consume” sostuvo, al plantear que la menor capacidad de control podría derivar en riesgos sanitarios para la población.
En el propio sector agropecuario, la inquietud empezó a escalar. Tanto en empresas exportadoras como en ámbitos técnicos y algunos referentes del negocio agrícola, crece el temor por las consecuencias que puede tener una eventual pérdida del estatus sanitario en los mercados internacionales.
Incluso entre actores históricamente alineados con esquemas de menor intervención estatal, aparecen señales de alerta ante el riesgo de mayores rechazos, endurecimiento de controles externos o directamente el cierre de destinos clave para las exportaciones argentinas.
“Veo preocupación en lo que es el campo, con todas las características que el campo tiene, porque no es todo igual. Aun en los espacios más concentrados y las empresas más concentradas en términos agrícolas y en términos de pensar el campo en su totalidad, veo preocupación. Por supuesto, los productores pequeños están tratando de sobrevivir, porque el campo no es todo lo mismo" explicó.
El conflicto se inscribe además en la política de desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, que busca reducir al mínimo la intervención estatal y avanzar en esquemas de control más descentralizados.
Según Cabezas, esto incluye intentos de trasladar responsabilidades a provincias y municipios, con estándares dispares. “Se está intentando que otros se hagan cargo de controles que eran del Estado nacional”, cuestionó.
En paralelo, criticó la falta de reacción oficial frente a la situación alarmante: “No veo preocupación en el gobierno. Es un gobierno poco comprometido”, afirmó.
Incluso, reveló que hubo intentos del propio Sturzenegger de avanzar con más recortes dentro del organismo, pero que la propia realidad operativa puso un freno. “Pueden tener intención de reducirlo, pero ya no hay forma. Hay necesidad de ampliarlo, no de achicarlo”, concluyó.