Pedido de juicio político a Lugones: Garrahan, fentanilo y una acusación clave

La diputada nacional Roxana Monzón, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, al que acusa de “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.

La iniciativa retoma un expediente previo que perdió estado parlamentario y vuelve a poner en el centro del debate la gestión sanitaria nacional, en un contexto atravesado por conflictos en hospitales, cuestionamientos por recortes y polémicas por el control de medicamentos.

El pedido de juicio político: los argumentos centrales

En el texto presentado en la Cámara de Diputados, Monzón sostiene que el ministro fue protagonista de “una serie de hechos y conductas que demuestran un accionar contrario a la ética pública, la legalidad y los principios de transparencia”.

Según la legisladora, esos hechos “constituyen mal desempeño y eventuales delitos que fundamentan la promoción del presente juicio político”.

El proyecto invoca el artículo 53 de la Constitución Nacional, que habilita a la Cámara baja a iniciar procesos de juicio político contra funcionarios del Poder Ejecutivo.

Acusaciones por abuso de autoridad en el Hospital Garrahan

Uno de los ejes principales de la fundamentación refiere a una causa judicial que involucra al ministro por presunto “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.

La diputada señala que la investigación se centra en una supuesta maniobra para forzar la renuncia del Consejo Directivo del Hospital Garrahan, lo que califica como una decisión “arbitraria y contraria a la normativa”.

De acuerdo al proyecto, el conflicto se originó tras la decisión del hospital de otorgar un bono al personal con recursos propios. En ese marco, Monzón afirma que la reacción oficial constituyó “una represalia personal y un intento de ‘disciplinamiento institucional’”.

Para la legisladora, este accionar “demuestra una conducta incompatible con la ética pública y el rol de un alto funcionario”.

Críticas por el “desmantelamiento” de políticas de salud

El proyecto también cuestiona la orientación general de la gestión sanitaria, a la que acusa de debilitar el sistema público.

Entre otros puntos, se menciona la falta de entrega de medicamentos esenciales, pese a la existencia de órdenes judiciales. En ese sentido, se señala que cambios administrativos en organismos del área habrían funcionado como un “artilugio” para eludir esas obligaciones.

Asimismo, se advierte sobre el impacto de recortes en programas vinculados a VIH, vacunación y salud mental, así como el cierre de residencias interdisciplinarias. Según el texto, estas decisiones “son parte de una política de ajuste que destruye las políticas de salud mental y la asistencia social”.

Otro punto crítico es la eliminación del Examen Único de Residencias, medida que —según la diputada— implica “un abandono del rol rector del Estado en la planificación de los recursos humanos en salud”.

La crisis del fentanilo contaminado

La iniciativa dedica un apartado a la crisis generada por la distribución de fentanilo contaminado, que derivó en múltiples fallecimientos bajo investigación judicial.

En ese marco, se sostiene que hubo una “grave omisión en las responsabilidades de control” por parte del Ministerio de Salud y se cuestiona la demora en la reacción de los organismos regulatorios.

El proyecto remarca que “la inacción resulta aún más grave” ante alertas tempranas y que la administración de miles de ampollas antes de su prohibición evidencia “la lentitud y la ineficiencia del sistema de control”.

Además, se señala que la Justicia investiga si estas fallas podrían constituir “negligencia, connivencia o complicidad”, lo que, según Monzón, refuerza la necesidad de evaluar responsabilidades políticas.

Denuncias por falta de respuesta al Congreso

Otro de los argumentos del pedido de juicio político apunta al vínculo del ministro con el Poder Legislativo.

La diputada cuestiona la ausencia de Lugones en reuniones de comisión a las que fue convocado para dar explicaciones, lo que califica como una “falta de respeto” y un patrón de “obstrucción al control parlamentario” .

Según el texto, esta conducta “impide al Poder Legislativo cumplir con su función de fiscalización y deja a la ciudadanía sin respuestas” en temas sensibles como las denuncias en el área de discapacidad.