Salud mental: el Gobierno apura un proyecto con cambios que dividen

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno enviará en los próximos días al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental. El anuncio se produce en un momento delicado para el funcionario, atravesado por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental.

Fin.

— Manuel Adorni (@madorni) April 7, 2026

La iniciativa busca introducir cambios de fondo en el sistema vigente, especialmente en lo referido a las internaciones involuntarias. Según adelantó el Ejecutivo, se ampliarán los criterios para intervenir en situaciones de riesgo y se incorporará una mayor participación del Poder Judicial en estos procesos.

Otro punto central es la redefinición de los espacios de atención. El proyecto dejaría de limitar las internaciones a hospitales generales y habilitaría el uso de “instituciones adecuadas”, lo que abre la puerta a la continuidad o creación de establecimientos especializados, como neuropsiquiátricos.

También se modificarán las condiciones de externación. El criterio actual, basado en la existencia de un “riesgo cierto e inminente”, sería reemplazado por una evaluación más amplia sobre el cese de las condiciones que motivaron la internación. Este cambio podría derivar en estadías más prolongadas dentro del sistema.

Desde el Gobierno argumentan que la normativa vigente presenta limitaciones para abordar casos complejos y que existe una demanda concreta de familias y profesionales para contar con herramientas más flexibles. En esa línea, el proyecto también propone rediseñar el órgano de control, incorporando perfiles técnicos del ámbito de la salud y el derecho.

Un anuncio en medio de tensiones políticas y judiciales

El contexto del anuncio no pasa desapercibido. La presentación de la reforma coincide con el avance de la causa judicial que investiga a Adorni, lo que agrega una lectura política sobre el momento elegido para impulsar la iniciativa.

Más allá de eso, el debate de fondo será técnico y político: hasta qué punto ampliar las facultades de internación mejora la respuesta del sistema o abre riesgos en términos de derechos individuales. La discusión, que ya generó controversias en el pasado, promete reactivarse en el Congreso en las próximas semanas.