El oficialismo acelera en Diputados para dictaminar la reforma de la Ley de Glaciares con una estrategia clara: blindar los votos propios con apoyo político de las provincias mineras. La jugada incluye la exposición de gobernadores aliados en el plenario de comisiones, en un intento por garantizar que no haya fisuras en una votación que se anticipa ajustada.
En ese esquema, los mandatarios Marcelo Orrego y Raúl Jalil participarán de la reunión para respaldar el proyecto impulsado por Javier Milei. A ellos se sumarán funcionarios provinciales del área minera, en una señal de coordinación política para sostener la avanzada sobre una norma sensible en términos ambientales y económicos.
La Libertad Avanza apunta a reunir las firmas necesarias en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales para emitir dictamen y llevar el tema al recinto. Con los números al límite, la presencia de los gobernadores busca disciplinar a diputados de sus provincias y evitar cualquier fuga que complique la aprobación.
El proyecto oficial propone modificar los presupuestos mínimos de protección de glaciares y habilitar actividades en zonas actualmente restringidas, lo que abre la puerta a una expansión de la minería. El debate ya generó fuertes tensiones tras una audiencia pública cuestionada por su alcance: aunque hubo más de 160.000 inscriptos, menos de 400 pudieron exponer.

Desde la oposición denunciaron un sesgo en la convocatoria al plenario. El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó que no haya voces críticas ni especialistas independientes entre los expositores y advirtió que el proceso fue “direccionado” por intereses sectoriales.
GLACIARES: Piedra libre, que canten sus conflictos de interés.
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) April 7, 2026
Con la lista de invitados decidida hoy por las Comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales para dictaminar la reforma de la Ley de Glaciares quedó claro que acá no hay buena fe.
Convirtieron el… pic.twitter.com/rBchGZWq6a
Según planteó, la discusión fue reducida a una mirada minera sin contemplar el impacto ambiental ni el carácter estratégico del agua. También advirtió que la reforma podría afectar cuencas hídricas que trascienden las provincias cordilleranas, lo que, a su entender, exige un enfoque federal más amplio.
En paralelo, el oficialismo sumó al debate a funcionarios nacionales del área minera y ambiental, reforzando la idea de una coordinación integral para avanzar con la ley. Sin embargo, la ausencia de disidencias en el plenario dejó expuesto un esquema más cercano a la validación política que a un debate legislativo equilibrado.
Con el dictamen al alcance, el Gobierno apuesta a capitalizar el respaldo de los gobernadores y avanzar en una reforma clave para su agenda productiva. Pero el costo político ya empezó a acumularse en un terreno donde confluyen intereses económicos, tensiones federales y cuestionamientos ambientales difíciles de saldar.