"Escandaloso": por qué piden echar al secretario de Minería de la Ley de Glaciares

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados inició este martes el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en medio de una fuerte controversia política. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, exigió que el secretario de Minería, Luis Lucero, sea retirado de la reunión informativa. La solicitud se basa en un presunto conflicto de intereses derivado del pasado profesional del funcionario en el sector privado.

El pedido fue acompañado por legisladoras de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, quienes cuestionaron la objetividad del secretario para impulsar cambios en una norma que regula a sus antiguos clientes. En paralelo, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia penal contra Luis Lucero por la presunta incompatibilidad en el ejercicio de su cargo.

El secretario de Minería, Luis Lucero, fue denunciado por conflicto de intereses al haber asesorado a más de diez empresas del sector antes de su designación, lo que motivó el pedido de la oposición para que sea excluido del debate que busca flexibilizar la protección de las reservas de agua en la cordillera.

¿Por qué piden que el secretario de Minería se retire del debate?

El diputado Maximiliano Ferraro solicitó formalmente que el secretario Luis Lucero se retire y se excuse de participar en el proceso legislativo. Según la denuncia, Luis Lucero perteneció a un estudio de abogados donde asesoró a más de una decena de empresas mineras. Por este motivo, el propio funcionario había solicitado en 2025 al ministro Luis Caputo excusarse de decisiones administrativas sobre proyectos puntuales como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera.

Para la oposición, la presencia del funcionario "vicia" el proceso deliberativo. Maximiliano Ferraro calificó la situación como un "lobby escandaloso", afirmando que el sujeto regulado (las empresas mineras) es quien "dicta, redacta y decide" la formación de las leyes que deben controlarlo. Los abogados ambientalistas sostienen que su participación activa en la reforma busca flexibilizar áreas hoy protegidas para favorecer intereses privados.

¿Qué cambia la reforma de la Ley de Glaciares y cómo afecta el agua?

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional busca modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010, que protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. La normativa vigente prohíbe actividades industriales y mineras en estas zonas. La reforma propone que la protección automática sea reemplazada por evaluaciones de "función hídrica efectiva", permitiendo que cada provincia decida qué áreas proteger.

Expertos del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba advirtieron que los glaciares actúan como "tanques de agua" naturales que liberan líquido durante las sequías. Al delegar la autoridad en las provincias, los científicos alertan sobre un posible "dumping ambiental", donde las jurisdicciones compitan por atraer inversiones reduciendo sus exigencias de protección. Esto afectaría a las cuencas que nacen en la cordillera y abastecen a múltiples provincias fuera de la zona andina.

¿Por qué la oposición dice que la ley actual no frena las inversiones?

Frente al argumento oficial de que la ley vigente genera "parálisis de inversiones", Maximiliano Ferraro presentó cifras oficiales del sector. El legislador detalló que entre 2001 y 2009, sin ley protectora, las inversiones mineras fueron de 12.000 millones de dólares. En contraste, entre 2015 y 2025, bajo la actual protección, las inversiones ascendieron a 45.000 millones, lo que representa un crecimiento del 270%.

El proyecto Glencore Pachón, el cual asesoraba como abogado Luis Lucero, es uno de los favorecidos por esta reforma regresiva de la Ley de Glaciares. pic.twitter.com/QODDUY3shc

— Enrique Viale (@EnriqueViale) April 7, 2026

El diputado sostuvo que la reforma es "regresiva e innecesaria" y que solo busca dar seguridad jurídica a proyectos específicos en San Juan y Mendoza. Advirtió que, de sancionarse, la norma será judicializada por contradecir la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, lo que terminará quitándole a las empresas la previsibilidad que supuestamente buscan.

¿Qué pasó con la audiencia pública y los 100.000 inscriptos?

El proceso de debate ciudadano previo a la llegada al plenario también fue impugnado por un grupo de once diputados nacionales. Denunciaron que la audiencia pública convocada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, limitó la participación real al reducir los tiempos de exposición y excluir a la mayoría de los inscriptos.

Aunque más de 100.000 personas se anotaron para opinar sobre la ley, solo el 0,3% de ellas pudo participar bajo un formato que priorizó ponencias por escrito o videos en YouTube. Los legisladores opositores, entre ellos Sabrina Selva y María Inés Zigarán, señalaron que se buscó "aparentar una audiencia pública" sin garantizar una instancia real de diálogo y participación ciudadana efectiva.

¿Cómo fue el camino de la ley desde el Senado hasta hoy?

La reforma de la Ley de Glaciares obtuvo media sanción en el Senado el pasado 26 de febrero con 40 votos a favor y 31 en contra. El oficialismo contó con el respaldo del PRO, sectores de la UCR y gobernadores de provincias mineras como Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego. Este martes 7 de abril, el plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales busca emitir un dictamen de mayoría.

El cronograma parlamentario prevé que, de obtener despacho, la reforma sea tratada en el recinto este miércoles a partir de las 15:00 horas. El Gobierno necesita 129 diputados para el quórum, contando con el apoyo de La Libertad Avanza, bloques aliados y legisladores provinciales interesados en la implementación del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) para proyectos de litio y cobre.

TM