AMBA en alerta: el Gobierno paga, pero los colectivos siguen reducidos

El Gobierno nacional anunció que este miércoles depositará los subsidios al transporte, en un intento por desactivar el conflicto con las empresas de colectivos. Sin embargo, lejos de normalizarse, el servicio seguirá afectado: las compañías ratificaron que mantendrán la reducción de frecuencias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde la Secretaría de Transporte aseguraron que el pago se realizará dentro del plazo habitual y destacaron que el objetivo es sostener el sistema. No obstante, reconocieron que la decisión final sobre la restitución del servicio depende de las empresas.

Las empresas advierten por deudas y costos

Del otro lado, las compañías del sector sostienen que el monto a depositar será insuficiente. El titular de DOTA, Marcelo Pasciuto, afirmó que el dinero cubriría solo una parte de la deuda acumulada.

Según detalló, el sistema arrastra atrasos desde 2025, incluyendo pagos pendientes de los últimos meses y el adelanto de abril. A esto se suma el fuerte aumento de costos operativos, especialmente el combustible, que registró subas significativas en pocas semanas.

“El sistema de transporte está colapsado”, advirtió el empresario, al explicar que la situación financiera afecta incluso el pago de salarios.

Menos colectivos y más demoras

La consecuencia directa de este escenario es la reducción del servicio. Este martes, las empresas aplicaron una baja del 30% en la circulación de unidades, lo que generó largas esperas, demoras y complicaciones para los pasajeros.

La medida continuará al menos durante el miércoles, mientras no se regularice la deuda. Esto impacta especialmente en los horarios pico, donde miles de usuarios dependen del transporte público para llegar a sus trabajos o estudios. El conflicto vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema en el principal conglomerado urbano del país.

Cruces entre el Gobierno y el sector

La tensión entre el Ejecutivo y las empresas también escaló en el plano discursivo. Desde la Secretaría de Transporte cuestionaron la decisión de reducir el servicio y la calificaron como una medida “extorsiva” que perjudica a los usuarios.

“Estamos haciendo lo que hay que hacer: pagar y reunirnos”, señalaron fuentes oficiales, que además confirmaron una reunión con las cámaras empresarias para intentar destrabar el conflicto.

Por su parte, desde el sector privado apuntaron a problemas de gestión y coordinación entre Nación y la provincia de Buenos Aires, lo que agrava la situación.

Un sistema fragmentado y en crisis

Uno de los ejes del reclamo empresarial es la división del sistema en distintas jurisdicciones desde 2024. Según explican, esta fragmentación generó desarticulación en los pagos y en la planificación del servicio.

Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el funcionamiento se mantiene con mayor regularidad, en el conurbano bonaerense la situación es más crítica.

El retraso en los fondos y la falta de previsibilidad complican la operación diaria y obligan a las empresas a tomar medidas de emergencia.

Impacto directo en los usuarios

En medio de la disputa, los principales afectados son los pasajeros. La reducción de frecuencias no solo implica demoras, sino también mayores niveles de saturación en las unidades disponibles.

El conflicto evidencia las dificultades estructurales del transporte público y abre interrogantes sobre su sostenibilidad en el corto plazo. Mientras continúan las negociaciones, millones de usuarios del AMBA enfrentan una rutina más compleja, con menos colectivos y más incertidumbre sobre la normalización del servicio.

ND