Ley de Glaciares: la advertencia del PRO en 2010 que vuelve 16 años después

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares reactivó en el Congreso una discusión de larga data sobre los alcances de la protección ambiental y su impacto en el desarrollo productivo.

A más de una década de la sanción de la norma, el gobierno de Javier Milei impulsa cambios que buscan, según argumenta, “subsanar ambigüedades” que ya habían sido advertidas por el PRO en 2010, durante el tratamiento original del proyecto en la Cámara de Diputados.

Con dictamen favorable obtenido este martes, la iniciativa oficial se encamina a ser debatida este miércoles en el recinto, luego de haber sido aprobada en febrero en el Senado. El foco de la reforma está puesto en redefinir el concepto de “ambiente periglaciar”, uno de los puntos más controvertidos desde su origen.

Un debate que vuelve: la definición de “periglaciar”

Durante la discusión parlamentaria de 2010, dirigentes del PRO ya habían alertado sobre la ambigüedad técnica del término “periglaciar” y sus posibles consecuencias sobre la actividad económica en zonas cordilleranas.

La entonces diputada Gladys González fue una de las voces más enfáticas. “Seguimos sosteniendo que esta definición de suelos congelados es ambigua y arbitraria. ¿Qué significa ‘suelos congelados’? ¿Hablamos de suelos congelados de manera permanente todo el año, dos meses al año, algunos días?”, planteó en el recinto em la sesión del 14 de julio.

En esa línea, advirtió sobre el alcance potencial de la norma: “Si hablamos de suelos congelados y de alta montaña, ¿nos referimos a cualquier suelo con temperatura menor a cero grados centígrados? Si esto es así, hacemos referencia a toda la montaña”.

La dirigente del PRO fue más allá al señalar las implicancias productivas: “Estamos prohibiendo, en el artículo 6°, la minería y la actividad hidrocarburífera en toda la montaña”.

“Agua y desarrollo”: el planteo del PRO en 2010

González insistió en que el debate no debía plantearse como una dicotomía entre ambiente y producción. “Hoy, siento que otra vez estamos ante la definición de elegir entre agua o desarrollo, cuando en verdad para nosotros se trata de agua y desarrollo”, sostuvo.

Y agregó: “El agua es un recurso estratégico que se debe proteger, pero podemos desarrollar la minería de manera sustentable”.

En su exposición, también remarcó la necesidad de evitar conflictos normativos: “No se debe tratar de una definición abstracta y semántica sino de una definición que tenga que ver con el área geográfica que vamos a proteger y, en virtud de ello, con las actividades que se van a prohibir y con las que estarán permitidas”.

Además, alertó sobre la necesidad de respetar el federalismo: “Tenemos el desafío de sancionar una ley superadora, tratando de que no haya una definición ambigua que genere conflictos, de no avasallar las competencias provinciales y de respetar el federalismo”.

Federico Pinedo: “Se estaría prohibiendo la minería en toda la cordillera”

El entonces jefe de bloque del PRO, Federico Pinedo, reforzó esas críticas con una advertencia directa sobre el impacto de la redacción de la ley.

“Hay señores diputados que utilizan este proyecto para obtener otro efecto, que es la prohibición de la minería en la Argentina”, afirmó.

Pinedo centró su cuestionamiento en la definición de periglaciar: “El ambiente periglacial es el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. Si se trata de suelos congelados, quiere decir que lo que se congeló es el agua”.

Y concluyó con una advertencia que hoy vuelve al centro del debate: “Con este criterio, como dijo la diputada González, en la ley de defensa de los glaciares se habría prohibido la minería en toda la cordillera de los Andes”.

“Se dice que de todas maneras solamente estarán protegidas las áreas que integren los inventarios hechos por un instituto técnico con la intervención de las provincias. Pero lo cierto es que las provincias no intervienen. Lo cierto es que nada en el proyecto de ley dice que solamente van a estar protegidas las áreas que estén en el inventario”, alertó también sobre la falta de participación provincial.

En la sesión del 11 de agosto de 2010, donde se votó el artículado en particular, Pinedo pidió que se cambie un inciso para permitir que haya actividad minera en el área periglaciar si se cuenta con un estudio de impacto ambiental favorable. Sin embargo, la redacción final quedó de la misma forma.

La reforma de Milei: redefinir el alcance y fortalecer a las provincias

El proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional retoma ese diagnóstico y propone modificar la ley vigente para limitar el alcance de las áreas protegidas.

Según la iniciativa, se busca diferenciar el ambiente periglaciar de las “geoformas periglaciales” que efectivamente cumplen funciones como reserva estratégica de agua. En la práctica, esto implicaría que no todo el territorio periglaciar quedaría alcanzado por las restricciones.

Además, la reforma otorga mayor protagonismo a las provincias en la definición de los estándares de protección, en línea con el principio constitucional que establece su dominio sobre los recursos naturales.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es “eliminar interpretaciones arbitrarias” que, a su entender, generaron inseguridad jurídica y frenaron inversiones, especialmente en minería.

Avances legislativos y escenario político

La iniciativa ya fue aprobada en el Senado en febrero y este martes obtuvo dictamen favorable en la Cámara de Diputados, lo que habilita su tratamiento en el recinto este miércoles.

El oficialismo confía en reunir los votos necesarios para convertir en ley una reforma que cuenta con el respaldo de varios gobernadores de provincias cordilleranas, interesados en habilitar proyectos vinculados al litio y al cobre.

Sin embargo, el proyecto enfrenta un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientalistas y sectores de la comunidad científica, que advierten sobre un posible retroceso en la protección de reservas hídricas estratégicas.

Un debate que atraviesa 15 años

A 15 años de la sanción de la Ley de Glaciares, la discusión sobre el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo productivo vuelve al centro de la escena política.

Las advertencias planteadas en 2010 por el PRO sobre la ambigüedad del concepto de “periglaciar” resurgen ahora como uno de los principales argumentos del oficialismo para impulsar la reforma.

El desenlace legislativo de este miércoles no solo definirá el futuro del marco regulatorio ambiental en zonas cordilleranas, sino también el alcance de una discusión estructural en la Argentina: cómo compatibilizar la protección de recursos estratégicos con el desarrollo económico.