Tensión ambiental
08/04/2026 - Edición Nº1156
Política
Congreso
La jugada 2008 de Cristina Kirchner que Milei aprovecha por la Ley de Glaciares
08/04/2026 | La Libertad Avanza busca exponer las contradicciones del peronismo respecto a la tensión entre protección ambiental y minería.
La Libertad Avanza utilizar el veto de Cristina Kirchner del 2008 para exponer las supuestas contradicciones del peronismo.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares reavivó en el Congreso una fuerte disputa política con anclaje histórico.
En las horas previas a una votación que el oficialismo da por segura en Diputados, desde La Libertad Avanza (LLA) recordaron el veto que firmó en 2008 la entonces presidenta Cristina Kirchner a la primera versión de la norma, y señalaron contradicciones con la postura actual del kirchnerismo.
La sesión de este miércoles aparece como clave: el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, con respaldo de gobernadores cordilleranos, ya tiene media sanción del Senado (febrero) y dictamen favorable en Diputados, por lo que se encamina a su aprobación definitiva.
El veto de 2008: la primera Ley de Glaciares que no fue
El 10 de noviembre de 2008, mediante el Decreto 1837/2008, Cristina Kirchner vetó en su totalidad la Ley 26.418, sancionada semanas antes por el Congreso. Se trataba del primer intento de establecer un régimen de protección de glaciares y ambiente periglaciar.
En los fundamentos del veto, el Gobierno sostuvo su compromiso ambiental, pero cuestionó aspectos centrales de la norma. “La preservación del ambiente constituye un aspecto fundamental de la agenda política internacional”, afirmaba el texto, al tiempo que definía al desarrollo sustentable como “una política de Estado”.
Sin embargo, el eje de la objeción estuvo puesto en el alcance de las prohibiciones que establecía la ley.
“Podría afectar el desarrollo económico de las provincias”
Uno de los argumentos más destacados del veto fue el impacto económico que la norma podría generar en regiones cordilleranas.
Según el decreto, “la prohibición de actividades descripta (…) podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas”.
El texto también cuestionaba la amplitud de las restricciones: “La prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera (…) daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”.
En esa línea, advertía que la norma no contemplaba adecuadamente obras de infraestructura: “No toma en cuenta que muchas de ellas tienen carácter público y son de uso comunitario como los pasos fronterizos”.
Críticas al alcance de los “presupuestos mínimos”
Otro punto central del veto fue la discusión sobre las competencias entre Nación y provincias.
El decreto señalaba que “el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades”, sino que debía fijar estándares básicos que luego las provincias podrían ampliar.
Además, advertía sobre un posible exceso en las facultades del Congreso: “El Proyecto de Ley sancionado, al disponer sobre recursos provinciales, excede el alcance de las facultades reservadas a la Nación”.
En ese sentido, el Gobierno remarcaba que las provincias ya contaban con mecanismos de control ambiental: “Las instituciones y las normas existentes cuentan con los controles suficientes para evaluar y autorizar las actividades (…) en plena armonía y cuidado del medio ambiente”.
Gobernadores y federalismo: el eje político del veto
El texto también reflejaba la preocupación de las provincias cordilleranas. “Gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación (…) toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones”, señalaba.
En línea con ese planteo, Cristina Kirchner convocó a un proceso de diálogo: “Se considera oportuno invitar a los gobernadores (…) a constituir un foro interdisciplinario” para discutir una nueva normativa.
De 2008 a 2010: la ley que finalmente se aprobó
Tras el veto, el Congreso volvió a debatir el tema y en 2010 sancionó una nueva Ley de Glaciares, que sí fue promulgada y se mantiene vigente hasta hoy.
Aquella versión incorporó modificaciones respecto del texto original, aunque mantuvo el espíritu de protección de glaciares y ambiente periglaciar como reservas estratégicas de agua.
Es increíble, una vez más, el kirchnerismo jamás se rinde ante la evidencia. No leen un solo dato, es más fácil hablar desde discursos hechos antes que atenerse a la realidad que los golpea en la cara. pic.twitter.com/ZXhHZoJiBE
— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) April 8, 2026
El presente: la reforma y el cruce político
El oficialismo utiliza ahora aquel antecedente para cuestionar la posición del kirchnerismo frente a la reforma actual.
Desde LLA remarcan que los argumentos esgrimidos en 2008 por Cristina Kirchner —sobre el impacto económico, el rol de las provincias y los límites de los presupuestos mínimos— son similares a los que hoy plantea el Gobierno para justificar los cambios.
El proyecto en debate busca redefinir el alcance de las zonas protegidas, limitar la protección del ambiente periglaciar y otorgar mayor protagonismo a las provincias en la regulación de sus recursos.
