El ambiente periglacial se convirtió en uno de los ejes más sensibles del debate por la reforma de la Ley de Glaciares. Se trata de áreas cercanas a los glaciares donde el suelo permanece congelado durante gran parte del año y cumple una función clave en la regulación del agua.
Estas regiones actúan como una reserva hídrica natural: acumulan agua en épocas de bajas temperaturas y la liberan de manera gradual, alimentando ríos y cuencas. Por eso, especialistas las definen como una “esponja” que sostiene el equilibrio hídrico en distintas zonas del país.

Su importancia no es solo ambiental, sino también estratégica. En muchas regiones, el agua que proviene de estos sistemas resulta esencial para el consumo humano, la producción agrícola y el desarrollo económico.
La Ley de Glaciares vigente incluye al ambiente periglacial dentro de las zonas protegidas, lo que limita actividades como la minería y la explotación de recursos naturales para evitar daños sobre estas reservas.
Sin embargo, en el marco del debate legislativo actual, este punto quedó en el centro de la discusión. Sectores que impulsan la reforma buscan flexibilizar esas restricciones, lo que genera fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientales y parte de la oposición.
El foco de la polémica es claro: cualquier cambio en la protección del ambiente periglacial podría impactar directamente en la disponibilidad de agua dulce. En un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales, la discusión ya no es solo técnica, sino profundamente política.