Crimen en Perú: por qué una estrategia blanda de Ricardo Belmont puede dejar vacíos

La seguridad en Perú se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate político, impulsada por un aumento sostenido de la criminalidad urbana y la expansión del crimen organizado. En este escenario, cualquier propuesta que busque redefinir la estrategia estatal debe ser evaluada no solo desde lo discursivo, sino desde su viabilidad operativa. El problema ya no es únicamente delictivo, sino estructural, con redes que operan con lógica empresarial y capacidad de adaptación constante.

En ese contexto, plantear un enfoque basado en la conciliación o en la reducción del uso de la fuerza introduce una tensión evidente. La asimetría entre el Estado y las organizaciones criminales no se resuelve con gestos simbólicos, sino con capacidad efectiva de control territorial, inteligencia y acción coordinada. La experiencia comparada en la región muestra que las estrategias ambiguas tienden a generar vacíos que son rápidamente ocupados por actores ilegales.

Desfase entre discurso y realidad

El principal problema de una estrategia blanda frente al crimen organizado radica en su desconexión con la dinámica real del fenómeno. Las organizaciones criminales no operan bajo incentivos morales, sino bajo cálculos de rentabilidad y riesgo, lo que implica que la ausencia de coerción efectiva puede interpretarse como una oportunidad de expansión. En ese marco, el Estado pierde capacidad disuasiva.

Además, este tipo de enfoque puede generar señales contradictorias hacia las fuerzas de seguridad. Sin un marco claro de acción, la ejecución de políticas se vuelve inconsistente, debilitando la respuesta institucional. La incertidumbre operativa no solo afecta la eficacia, sino también la moral y coordinación de quienes deben enfrentar el delito en el terreno.

Estrategia blanda frente al crimen expone límites operativos del Estado.

Costos económicos y gobernabilidad

El impacto de una estrategia de seguridad ineficiente no se limita al ámbito criminal. La inseguridad tiene efectos directos sobre la economía, afectando inversión, actividad comercial y estabilidad de mercados locales. En contextos urbanos, el aumento del delito eleva costos logísticos, reduce circulación y limita el desarrollo de sectores productivos clave.

Falta de coerción efectiva puede favorecer expansión del crimen organizado.

En términos políticos, la falta de resultados concretos puede erosionar rápidamente la legitimidad del gobierno. La seguridad es una de las pocas áreas donde la percepción ciudadana responde de forma inmediata a los resultados, lo que convierte cualquier error estratégico en un riesgo de gobernabilidad. En este sentido, más que un debate ideológico, el enfoque de seguridad en Perú se define como un problema de eficacia estatal.

🇵🇪 | Candidato presidencial en Perú, Ricardo Belmont, cerró su campaña diciendo que enfrentará al crimen organizado con “abrazos y no balazos”. pic.twitter.com/sZhFPfjoXG

— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 8, 2026