En el programa Odisea Argentina de Carlos Pagni, se detalló en un informe de Francisco Olivera las propiedades y negocios inmobiliarios que rodean al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien autoriza con su firma los propios emprendimientos que lleva adelante en el municipio que gobierna.
El informe periodístico derivó en una denuncia penal por enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes de funcionario público presentada por el abogado Jeremías Rodríguez. Sin embargo, la presentación judicial fue desestimada por el fiscal Alejandro Yrigoyen, titular de la UFIyJ N°1 de Zárate-Campana, en un lapso menor a las 24 horas tras considerar que la acusación carecía de respaldo fáctico mínimo.
El punto central de la controversia radica en que el intendente declara poseer créditos millonarios a su favor otorgados por desarrolladores inmobiliarios que operan en Escobar, quienes al mismo tiempo requieren de habilitaciones municipales para sus proyectos.
El fiscal Yrigoyen resolvió archivar la denuncia este martes al considerar que se limitaba a “la formulación de afirmaciones genéricas o conjeturales carentes de respaldo fáctico mínimo”. En su fallo, el funcionario judicial sostuvo que el escrito no aportaba una "individualización clara de conductas" ni elementos objetivos que permitieran inferir un incremento patrimonial injustificado.

Por su parte, el jefe comunal defendió su gestión y comparó su situación con otros escándalos nacionales. “Quieren mostrar que en medio de los escándalos de Adorni o Andis, somos todos iguales, cosa que no”, afirmó el mandatario. Desde su entorno, destacaron que el propio Sujarchuk presenta voluntariamente su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, a pesar de no estar legalmente obligado por su cargo municipal.
El informe de Olivera explicó una de las mecánicas de inversión del intendente en la localidad de Loma Verde. Según el periodista, Sujarchuk poseía una casa de 5.000 metros cuadrados que entregó a un desarrollador bajo la modalidad de "canje de metros": cedió la propiedad a cambio de recibir el 15% de los departamentos construidos en el nuevo complejo, denominado Altos Las Casuarinas.
La sospecha surge porque el permiso de obra y la habilitación de dicho complejo dependen de la firma del propio Municipio de Escobar. “Tener un departamento en un lugar donde vos hiciste la habilitación da sospechas porque recordemos que en este sector hay muchas travesuras”, advirtió Olivera durante la emisión del programa en LN+. El intendente, sin embargo, aseguró que en este trámite no se modificó ninguna norma ni hubo excepciones administrativas.
Un punto clave de la investigación del portal El Disenso, retomada por Pagni, es la firma Constructora Margus, de la cual el intendente adquirió el 80% de las acciones en mayo de 2020. Según los registros societarios, el directorio de esta empresa privada ha estado integrado por funcionarios que cumplen roles estratégicos en la administración pública local, como Claudio Maximiliano Flores Barrios (Director de Compras del municipio) y Estanislao Agustín Hernández (Contador municipal).

Se detectó que Constructora Margus operó en obras de gran escala, como las Infinity Towers en Vicente López, bajo cartelería de otras empresas para mantener la discreción. La investigación señala que el valor de la constructora declarado por el intendente en su patrimonio es de $1.840.000, una cifra que los periodistas consideran desproporcionada en relación con el volumen de las obras en las que participa.
La polémica también alcanzó una propiedad de 800 metros cuadrados en el barrio privado Puertos del Lago, conocida en el vecindario como “la casa del intendente”. Aunque Sujarchuk negó ser el propietario, el informe de Olivera señaló que el dueño formal resultó ser Gustavo Menayed, CEO de Grupo Portland, con quien el jefe comunal mantiene vínculos comerciales desde hace más de una década.

En el año 2012, el mandatario ya declaraba poseer el 60% de otra constructora (Balbin 2570 SA) que tenía como directivos a los miembros de la familia Menayed. La investigación sugiere que el sistema de créditos que figura en las declaraciones juradas del intendente refleja deudas millonarias de empresas vinculadas a este grupo desarrollador y otros como Consultatio, de Eduardo Costantini, por montos que han escalado significativamente en los últimos tres años.