La sesión en la Cámara de Diputados de este miércoles se convirtió en el escenario de una fuerte confrontación dialéctica sobre el futuro de los recursos hídricos del país. El diputado nacional Martín Lousteau fundamentó su voto negativo a la reforma de la Ley de Glaciares mediante una disección de lo que denominó los "dogmas" del presidente Javier Milei. Su discurso vinculó la protección del ambiente con la desconfianza institucional generada por los recientes escándalos de la gestión libertaria.
El legislador de Provincias Unidas advirtió sobre el "impacto social, económico y político irreversible" que podría tener la modificación de la Ley 26.639. Según su visión, el proyecto impulsado por el oficialismo —que ya cuenta con media sanción del Senado— no ofrece certezas sobre los costos ambientales y se basa en una lógica de privilegio de la actividad económica inmediata por sobre la seguridad hídrica de las próximas generaciones.
Lousteau sostuvo que no es posible delegar facultades ambientales a un mandatario que se define como el "topo que vino a destruir el Estado", ya que el control y la regulación de los glaciares requieren un Estado presente que Milei, por "dogma", busca desarticular.
Durante su alocución, el exministro de Economía enumeró cuatro principios ideológicos del Gobierno que, a su criterio, inhabilitan al Ejecutivo para administrar la protección de los hielos continentales. El primer dogma señalado es que "todo está mal", una premisa que según el diputado se utiliza para desfinanciar la educación, la salud y la discapacidad. El segundo es que "controlar está mal", rechazando cualquier tipo de regulación estatal sobre la actividad privada.
El tercer punto crítico es la prioridad absoluta de la economía cuando existe un conflicto con el ambiente. Finalmente, el legislador citó el dogma del "topo destructor", basándose en las propias palabras del Presidente sobre su misión en el poder. “No le puedo delegar facultades a una persona que dijo que es el topo que vino a destruir el Estado”, sentenció el diputado en el recinto, argumentando que una gestión que niega el cambio climático no puede ser garante de la tutela ambiental.
La metáfora del "topo" fue el eje central para justificar el rechazo a la entrega de facultades delegadas. Para el diputado nacional, existe una contradicción insalvable entre el objetivo declarado de desmantelar la estructura pública y la responsabilidad de proteger áreas estratégicas que son bienes de carácter público. Según el legislador, la reforma pretende trasladar el costo político de la desprotección a las provincias, dejándolas solas ante el lobby de las empresas mineras.
🗣️ "Amo ser el topo dentro del Estado, soy el que destruye el Estado desde adentro".
— El Destape (@eldestapeweb) June 6, 2024
La frase de Javier Milei durante una entrevista para The Free Press. pic.twitter.com/fpXgWhFeIS
Lousteau vinculó esta desconfianza con los casos de presunta corrupción y privilegios detectados en el gabinete, mencionando explícitamente el escándalo del Banco Nación, los viajes oficiales y el caso de Manuel Adorni. “Vemos los préstamos de las jubiladas... no creo que sea una buena idea aprobar una ley a un gobierno que no aporta ningún dato”, indicó. Su argumento central es que un Estado "ausente" no tiene la capacidad técnica ni moral para decidir qué glaciares se deben conservar y cuáles no.
La preocupación hídrica fue el dato técnico más fuerte del discurso opositor. El diputado destacó que actualmente hay 7 millones de habitantes cuyas cuencas dependen directamente de los glaciares y del ambiente periglacial. La reforma propuesta busca pasar de una protección objetiva (donde el hielo se protege por su sola existencia) a una protección subjetiva, donde una autoridad provincial debe verificar "funciones hídricas efectivas" antes de prohibir una actividad minera.

Esta ambigüedad, según los bloques opositores y organizaciones ambientalistas como Greenpeace, permitiría la exploración y explotación económica en áreas que hoy son reservas estratégicas de agua dulce. Lousteau advirtió que "equivocarnos acá afecta el futuro", señalando que los 16.968 cuerpos de hielo relevados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) quedarían bajo una discrecionalidad que hoy la ley vigente prohíbe.
Antes de que comenzara el debate de fondo sobre el ambiente, la tensión política escaló con un pedido de interpelación al jefe de Gabinete. La diputada Paula Penacca, de Unión por la Patria, solicitó que el funcionario comparezca ante la Cámara de Diputados para explicar las inconsistencias en su patrimonio y la adquisición de propiedades mediante hipotecas con jubiladas. Sin embargo, el oficialismo logró bloquear la iniciativa con el apoyo del PRO y sectores aliados.

A pesar de que el pedido obtuvo 124 votos positivos frente a 118 negativos, no alcanzó la mayoría agravada de tres cuartos necesaria para ser tratado sobre tablas. Este episodio fue utilizado por legisladores de la oposición, incluida Sabrina Selva, para deslegitimar el debate ambiental: calificó la reforma como “tan injustificada como las propiedades de Adorni”. El fracaso del llamado a Adorni dejó el camino libre para el tratamiento de la ley, pero con un clima de confrontación que marcó toda la jornada.
El oficialismo llegó al recinto tras lograr dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales. El proyecto, que cuenta con el respaldo de gobernadores de provincias mineras como San Juan, Catamarca y Salta, busca alinear la normativa ambiental con el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI) para facilitar la llegada de capitales en los sectores de litio y cobre.
Durante las audiencias previas, funcionarios de la Secretaría de Minería defendieron los cambios bajo el argumento de "federalismo" y "desarrollo sustentable". No obstante, la oposición criticó que el informe del dictamen oficialista tenga apenas una carilla y media de argumentación técnica. En el inicio del debate, el diputado sanjuanino José Peluc respondió a las críticas afirmando que "ustedes leen hasta donde quieren", asegurando que las provincias serán las mejores garantes del agua porque para ellas "es oro".
TM