El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, volvió al Congreso para defender el proyecto oficial de “inviolabilidad de la propiedad privada”, en una exposición que dejó tensiones con la oposición y definiciones de alto impacto político.
La presentación se dio en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, en la previa de una sesión clave por pliegos, y volvió a mostrar el eje discursivo del Gobierno: superávit fiscal, baja del gasto y ampliación de la libertad económica.
Durante el debate, el funcionario sostuvo que los desequilibrios fiscales terminan afectando derechos básicos y justificó la iniciativa como una forma de blindar la propiedad frente a eventuales crisis económicas.
Uno de los puntos centrales del proyecto apunta a modificar el régimen de expropiaciones. La propuesta busca eliminar la declaración de utilidad pública a nivel nacional y trasladar ese rol a provincias y municipios.
Además, se plantea que las compensaciones se alineen con valores de mercado, en un intento por redefinir los criterios actuales y reducir la discrecionalidad estatal.

Otro eje fuerte fue el referido a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros. Sturzenegger defendió una mayor apertura y relativizó los riesgos asociados a la soberanía.
Según explicó, la iniciativa elimina restricciones para inversores privados, aunque mantiene controles cuando exista participación estatal en los fondos extranjeros.
“El individuo no es un riesgo para la soberanía”, planteó el ministro, en una de las frases que más ruido generó durante el debate.
El proyecto también avanza sobre la Ley de Manejo del Fuego, cuestionada por el oficialismo por sus plazos restrictivos tras incendios.
La normativa actual impide modificar el uso del suelo durante décadas —hasta 60 años en bosques nativos—, algo que el ministro consideró excesivo y perjudicial para la producción.

En paralelo, se propone agilizar los procesos de desalojo mediante cambios en el Código Procesal Civil y Comercial, con el objetivo de acortar los tiempos judiciales.
También se cuestionaron programas de regularización dominial y políticas de integración socio-urbana, a los que el funcionario calificó como ineficaces.
La defensa del proyecto se dio en un contexto político sensible, con el oficialismo buscando consolidar apoyos en el Senado para avanzar con su agenda reformista.
La iniciativa no solo reabre discusiones económicas, sino que también instala un debate de fondo sobre el rol del Estado, la propiedad y los límites a la inversión extranjera en la Argentina actual.