Una investigación que durante meses tuvo a sus autores en las sombras encontró un punto de quiebre en las imágenes. El análisis de los rostros captados por cámaras de seguridad y su posterior comparación con registros oficiales permitió identificar a los presuntos integrantes de una banda acusada de cometer una seguidilla de robos en locales gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires.
El fiscal Leonel Gómez Barbella, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, solicitó la elevación a juicio oral de dos hombres señalados como parte del grupo que protagonizó al menos cuatro asaltos armados en comercios de Palermo y Villa Devoto.
El avance de la causa estuvo directamente vinculado al trabajo sobre el material audiovisual. Las cámaras de seguridad de los locales registraron cada uno de los hechos y permitieron reconstruir la mecánica de los robos. Sin embargo, el dato decisivo llegó con la intervención de áreas especializadas.

La Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) analizó las filmaciones y las cruzó con otras imágenes incorporadas en distintos sumarios. A partir de allí, el Laboratorio de Multimedia Forense de la DATIP realizó un peritaje de cotejo facial que permitió individualizar a los sospechosos al compararlos con fotografías del Registro Nacional de las Personas.
Ese cruce de datos fue el elemento que terminó de consolidar la acusación y avanzar hacia el juicio oral. Según la investigación, los imputados habrían actuado junto a otras personas aún no identificadas en una serie de robos cometidos entre 2017 y 2018.

Los hechos incluyeron ingresos a locales con armas de fuego, amenazas a empleados y clientes, y el robo de dinero en efectivo, objetos personales y hasta un vehículo. En uno de los episodios, los asaltantes encerraron a las víctimas en un cuarto del comercio mientras se apoderaban de la recaudación.
El expediente también incorpora un hecho posterior que agravó la situación de uno de los acusados. Fue detenido mientras circulaba en un vehículo robado, con la numeración de los cristales adulterada y documentación apócrifa, y además se le atribuyó resistencia a la autoridad.
Con estos elementos, la fiscalía requirió la elevación a juicio ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, a cargo del juez Fernando Caunedo. La acusación incluye los robos agravados por el uso de armas de fuego y otros delitos vinculados.
En una causa que comenzó con autores desconocidos, el reconocimiento facial aplicado a las imágenes se convirtió en la herramienta central para identificar a los sospechosos y reconstruir su participación en los hechos, marcando un punto de inflexión en la investigación.