La diputada nacional Agustina Propato presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones sobre la situación financiera, patrimonial y sanitaria del ex Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), actualmente denominado OSFA.
La iniciativa, dirigida al Ministerio de Defensa, se inscribe en un contexto de creciente preocupación por el funcionamiento del sistema de salud que atiende a militares activos, retirados y sus familias, en medio de denuncias por deudas, pérdida de prestaciones y decisiones administrativas controvertidas.
En los fundamentos del proyecto, Propato advierte sobre una situación crítica: habla de un “absoluto quebranto” y sostiene que la crisis “afecta de manera directa la salud y el patrimonio de los militares activos, retirados y sus familias”.
La diputada cuestiona además decisiones recientes del Gobierno y del Ministerio de Defensa, al considerar que se adoptaron medidas que profundizaron el deterioro financiero de la obra social.
El proyecto solicita información “exhaustiva y detallada” y enumera cuatro requerimientos centrales que apuntan a esclarecer el manejo de los recursos y el estado del sistema:
Propato pide explicar los motivos detrás de la contratación de una consultoría privada por 86 millones de pesos para rediseñar el esquema de prestaciones médicas.
En particular, reclama conocer “los fundamentos técnicos y de oportunidad” de esa decisión, el nombre de la empresa adjudicataria y por qué se avanzó con ese gasto “existiendo ya un Programa Médico Obligatorio (PMO) propio”.
En los fundamentos, la legisladora califica la contratación como “inadmisible” en un contexto de austeridad y cuestiona la necesidad de redefinir un sistema que ya contaba con un programa aprobado.

El segundo punto apunta al patrimonio de la obra social. El proyecto solicita el listado completo de 44 inmuebles que estarían bajo revisión para ser excluidos del patrimonio y transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Además, exige precisiones sobre si esta medida podría ser “la antesala de una venta o remate para cancelar deudas operativas”.
En este punto, Propato denuncia una “estrategia de vaciamiento patrimonial” y advierte sobre la posible pérdida de bienes históricos, incluyendo hoteles, delegaciones y centros recreativos.
El tercer requerimiento busca esclarecer el origen del pasivo acumulado, que según el proyecto asciende a 200 mil millones de pesos.
La diputada solicita una explicación “pormenorizada” de cómo se llegó a ese nivel de endeudamiento y pide detalles sobre créditos tomados ante el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) por 14 mil y 42 mil millones de pesos, que “no habrían sido cancelados”.
En los fundamentos, remarca: “Los números no mienten”, y sostiene que el deterioro se produjo en pocos años, tras un período previo de superávit.

El cuarto punto se enfoca en el impacto directo sobre los afiliados. Propato pide que se detalle el estado de las deudas con clínicas y hospitales en todo el país.
También solicita información sobre cuántos afiliados han perdido cobertura o deben afrontar tratamientos de su bolsillo debido a la “suspensión de pagos y reintegros”.
Este aspecto apunta a dimensionar las consecuencias sanitarias de la crisis financiera denunciada.
Uno de los argumentos centrales del proyecto es el cambio drástico en la situación económica del organismo.
Según los fundamentos, al inicio de la actual gestión el IOSFA contaba con un superávit de 25 mil millones de pesos y un patrimonio neto en crecimiento. Sin embargo, en menos de tres años, se habría generado un déficit millonario acompañado por endeudamiento y pérdida de activos.
La diputada afirma que ese proceso dejó a los afiliados en “una situación crítica sin precedentes en materia de cobertura médica”.

El pedido de informes de Agustina Propato abre un nuevo foco de discusión sobre la administración de la obra social de las Fuerzas Armadas y el rol del Estado en la garantía de prestaciones de salud para ese universo.
La iniciativa busca obligar al Gobierno a transparentar decisiones administrativas, financieras y patrimoniales en un área sensible, donde las consecuencias impactan directamente en el acceso a servicios médicos.
En su discurso del 2 de abril, al cumplirse 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei centró su mensaje en la revalorización de las Fuerzas Armadas, afirmando que su gobierno busca saldar una "deuda histórica" con la institución.
Así, declaró que las Fuerzas Armadas fueron "injustamente vilipendiadas" en el pasado y que hoy ocupan nuevamente un lugar central en la República.
A su vez, reconoció la existencia de una deuda salarial con los integrantes de las fuerzas y prometió fondos adicionales para reforzar el equipamiento militar.
Por otro lado, aseguró que destinará el 10% de los ingresos por privatizaciones a la compra de armamento para "reconstruir las Fuerzas Armadas".