Spagnuolo a indagatoria por ANDIS: cómo habrían desviado $75.000 millones

La Justicia Federal dio un paso decisivo en la investigación por presunta corrupción sistémica dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El fiscal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, solicitaron este jueves una nueva ronda de declaraciones indagatorias que alcanza a 29 personas, entre exfuncionarios y empresarios. La medida responde a la detección de un presunto fraude que ahora se estima en 75.478.149.019 de pesos, un monto diez veces superior a lo que se investigaba al inicio de la causa.

La acusación sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, el organismo funcionó como una estructura delictiva organizada para direccionar contrataciones de insumos médicos de alto costo. Según el dictamen, la maniobra afectó directamente a la población más vulnerable: los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud, personas con discapacidad en situación de pobreza que dependen del Estado para obtener prótesis o tratamientos complejos.

La fiscalía afirma que funcionarios públicos de la Andis entregaron sus propias claves de usuario y contraseñas personales a empresarios proveedores para que estos ingresaran directamente al sistema informático del Estado (SIIPFIS) y gestionaran, desde sus oficinas privadas, las licitaciones que ellos mismos terminaban ganando con sobreprecios.

¿Por qué piden una nueva indagatoria para Diego Spagnuolo hoy?

El pedido de los fiscales apunta a ampliar la responsabilidad de Diego Spagnuolo, quien fuera el primer director ejecutivo de la ANDIS bajo la gestión de Javier Milei. Aunque el exfuncionario ya se encuentra procesado y con un embargo récord de más de 202.000 millones de pesos, nuevos peritajes tecnológicos revelaron que la escala del desvío de fondos fue masiva.

Junto a él, se solicitó citar nuevamente a Daniel Garbellini (ex número dos del organismo) y al empresario y lobbista Miguel Ángel Calvete. Para los investigadores, estos actores formaron una "asociación ilícita" que transformó la agencia en una "ventanilla administrada discrecionalmente" donde no existía la competencia real, sino un reparto pactado de los recursos públicos destinados a la salud.

¿Cómo era el sistema de claves oficiales que habrían usado?

El diferencial técnico de este fraude reside en el uso del SIIPFIS (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones). Este sistema es el corazón informático donde se cargan las necesidades de los pacientes y se realizan las compulsas de precios para comprar medicamentos y prótesis. Picardi detectó que los funcionarios no solo filtraban las fechas de las licitaciones a sus allegados, sino que les cedieron el acceso total al sistema.

Con las claves oficiales en su poder, los representantes de las firmas privadas podían ver los presupuestos de la competencia (o simular competidores "fantasma") para asegurar que sus ofertas resultaran elegidas. "Ofrendaban el dinero estatal y confundían los intereses públicos con los privados en detrimento del Estado", escribió el fiscal en su dictamen al describir cómo los empresarios tomaban decisiones administrativas que debían ser exclusivas de los empleados públicos.

¿Qué insumos médicos para personas con discapacidad están bajo sospecha?

La investigación se centró en los denominados PACBI (Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia). Se trata de dispositivos médicos sumamente costosos que el sistema de salud debe proveer a personas con discapacidades graves. Entre los insumos manipulados en el fraude se encuentran:

• Prótesis de alta gama para amputaciones.
• Implantes cocleares para personas con pérdida auditiva.
• Sillas de ruedas motorizadas.
• Materiales específicos para cirugías de alta complejidad.

La auditoría dispuesta por el interventor Alejandro Vilches detectó que, en algunos casos, el Estado pagó sobreprecios del 1.960% por estos elementos. Mientras los expedientes se resolvían con celeridad para las empresas "amigas", miles de pacientes sufrían demoras o la falta total de entrega de sus insumos básicos.

¿Qué significan los alias "Rioja" y "Caputito" en los audios de la causa?

Uno de los pilares de la acusación es un audio enviado por Pablo Atchabahian (exdirector de Acceso a los Servicios de Salud) a Miguel Ángel Calvete. En el mensaje, se menciona la necesidad de "cerrar filas" y se alude a figuras del poder político mediante alias crípticos que la justicia investiga ahora con profundidad.

"Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja así que estamos todos alineados en la misma. Dani [Garbellini] opina lo mismo", reza el fragmento del audio. Para los investigadores, "Rioja" es una referencia al clan Menem, específicamente a Eduardo "Lule" Menem, estrecho colaborador de la Secretaría General de la Presidencia. Asimismo, la mención a "Caputito" aludiría al asesor presidencial Santiago Caputo. Estos alias sugieren que la estructura delictiva buscaba protección o validación en los niveles más altos del Gobierno nacional.

¿Quién es Diego Spagnuolo y cuál es su relación con Javier Milei?

Para entender el peso del caso, es necesario recordar el perfil de los involucrados. Diego Spagnuolo es un abogado que forjó una relación cercana con Javier Milei a través de las redes sociales mucho antes de que este llegara a la política. Fue su abogado personal en varias causas y ocupó un lugar en las listas de diputados de La Libertad Avanza en 2021.

Tras la victoria electoral, fue designado al frente de la ANDIS a pesar de no tener experiencia previa en el área de discapacidad. Su gestión estuvo marcada por la polémica y las quejas de organizaciones sociales, hasta que fue echado el 21 de agosto de 2025, apenas un día después de que se iniciara formalmente la causa judicial por coimas.

¿Cómo empezó el escándalo de la ANDIS en agosto de 2025?

La causa se originó por la filtración de una serie de audios donde una voz, atribuida a Spagnuolo, describía un esquema de recaudación ilegal de entre el 5% y el 8% por cada compra de medicamentos. En esas grabaciones, la voz mencionaba que "a Karina le debe llegar el 3%", en supuesta alusión a Karina Milei.

Aunque la defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, sostiene que los audios fueron "manipulados con inteligencia artificial", el fiscal Picardi logró avanzar en la causa basándose en pruebas independientes: chats de WhatsApp recuperados de celulares secuestrados, registros de ingresos a oficinas públicas y las auditorías de precios que confirmaron el desvío de los $75.000 millones. El escándalo fue de tal magnitud que, en diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo decidió disolver la agencia y traspasar sus funciones al Ministerio de Salud.

TM