El Gobierno de La Pampa presentó este jueves una acción de amparo ambiental colectivo ante la Justicia Federal para frenar la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares. La medida busca que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta de la norma sancionada esta madrugada en el Congreso de la Nación. El argumento central es que la nueva legislación pone en riesgo directo el suministro de agua potable para la población pampeana.
A pesar de ser una provincia de llanura que no posee cuerpos de hielo en su territorio, la administración provincial sostiene que su supervivencia depende de lo que ocurra en las altas cumbres. La demanda advierte que la flexibilización de los controles ambientales permitirá actividades extractivas que podrían contaminar o reducir el caudal de los ríos que alimentan a la región.
La Pampa no tiene glaciares pero sí depende del único río que hoy corre por su territorio, que es de origen glaciar; si se afecta la naciente, se compromete el agua que consume el 70% de los habitantes.
El gobernador Sergio Ziliotto anunció hoy la presentación de un amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, a cargo del juez Juan José Baric. Esta acción judicial se realizó en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú y la Asociación por los Ríos Pampeanos. El objetivo es obtener una medida cautelar que suspenda la vigencia de la ley hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Ley de Glaciares: La Pampa presenta amparo colectivo ambiental. https://t.co/r4VaSoIts1
— Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) April 9, 2026
En conferencia de prensa, el mandatario pampeano fue tajante sobre el impacto de la medida oficialista: “Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que sancionó el Congreso. Lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales”. Según el gobernador, la norma viola el principio de no regresión ambiental previsto en el Acuerdo de Escazú.
Tras un debate de más de once horas que finalizó el jueves por la madrugada, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo. El proyecto obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y solo 3 abstenciones. El oficialismo de La Libertad Avanza contó con el apoyo del bloque PRO, la UCR y diversas bancadas provinciales que respondieron al pedido de sus gobernadores para facilitar inversiones mineras.

La sesión estuvo marcada por un fuerte rechazo de los bloques de Unión por la Patria, la izquierda y la Coalición Cívica. Mientras se votaba en el recinto, organizaciones ambientalistas se manifestaron en las inmediaciones del Congreso advirtiendo que la nueva normativa constituye una "regresión ambiental inconstitucional" al achicar las zonas de protección estratégica de recursos hídricos.
Para entender el conflicto, hay que saber que la Ley 26.639, sancionada en 2010, protegía de forma total tanto a los glaciares como al "ambiente periglacial". El ambiente periglacial es el suelo congelado que rodea al hielo y que funciona como un regulador natural: guarda agua y la libera lentamente, asegurando que los ríos tengan caudal incluso en épocas de sequía. Hasta ayer, en esas zonas estaba prohibida la minería y la explotación de hidrocarburos.

Con la reforma aprobada hoy, la protección ya no es automática ni total. La nueva ley establece que solo se protegerán los cuerpos de hielo que tengan una "función hídrica relevante y verificable". Esto significa que cada provincia tendrá el poder de decidir, mediante estudios propios, qué zonas quedan protegidas y cuáles se liberan para proyectos productivos. Además, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que es el ente científico nacional, pierde peso frente a las decisiones políticas de las provincias mineras.
La clave de la demanda pampeana es la conexión física del agua. El Río Colorado es el único curso de agua permanente que atraviesa la provincia y su origen es netamente glacial y nival; nace de los deshielos de la Cordillera de los Andes en Mendoza y Neuquén. “La causa por los ríos pampeanos no está atravesada por ninguna grieta. Contiene a todos los sectores. Tenemos legitimidad para hacer este amparo”, explicó Ziliotto.

La fiscal de Estado, Romina Schmidt, detalló que el daño no es una suposición teórica: “El daño que tiene la provincia de La Pampa no es un daño abstracto, es un daño real. En el momento en el que no llegue más agua de calidad y cantidad en el Río Colorado, van a sufrirlo todos los habitantes”. Actualmente, el acueducto que se nutre de este río abastece a casi la mitad de los habitantes de la provincia y existen proyectos para extenderlo hacia el norte del territorio.
El temor de las autoridades pampeanas se basa en experiencias previas donde la provincia se quedó sin agua debido a decisiones tomadas "aguas arriba". La Pampa mantiene un conflicto hídrico de más de 70 años con Mendoza por el Río Atuel. Debido a la construcción de represas y el uso intensivo para riego en territorio mendocino, el río dejó de correr en La Pampa, transformando el oeste provincial en un desierto.

Algo similar ocurrió con el Río Salado. Por eso, para La Pampa, la flexibilización de la Ley de Glaciares se percibe como una repetición de esa historia. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien patrocina la demanda, sostuvo que la reforma desmantela el piso mínimo de protección nacional. “La prioridad era el consumo humano, pero a partir de esta ley parece que la prioridad puede ser la inversión que hagan las mineras”, concluyó por su parte Roberto Rodríguez, de la Asamblea por los Ríos Pampeanos.
TM