Adorni y ANDIS: avanzan las causas que inquietan al Gobierno

Ayer la causa que investiga a Manuel Adorni dio un paso concreto. El juez Ariel Lijo resolvió levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, de su esposa Bettina Angeletti y de la firma AS Innovación Profesional, de la que ambos son propietarios. La medida habilita a la Justicia a pedir información sobre cuentas, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y eventuales movimientos en billeteras virtuales. El expediente busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni y contrastarla con lo declarado ante los organismos de control.

La investigación se mueve sobre dos ejes. Uno es patrimonial: la compra de un departamento en Caballito por US$230.000, concretada en noviembre de 2025, y la estructura de financiamiento usada para esa operación. El otro es el de los viajes, sobre todo el traslado a Punta del Este, donde la Justicia intenta determinar si hubo dádivas o gastos cubiertos por terceros. En marzo, Lijo ya había pedido informes al Gobierno sobre ese viaje y había ordenado levantar el secreto fiscal de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, y del piloto corporativo vinculado al voucher del vuelo de regreso.

Con la resolución de ayer, la causa entra en una etapa más profunda. La fiscalía de Gerardo Pollicita también pidió información a ARCA sobre la situación fiscal y patrimonial de Adorni y Angeletti. El objetivo es seguir la ruta del dinero, verificar ingresos, bienes y movimientos financieros y medir si existe correspondencia entre ese recorrido y los bienes que hoy están bajo análisis.

En paralelo, el otro expediente que sigue creciendo es el de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ayer el fiscal Franco Picardi pidió que vuelvan a ser indagados Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, junto con otras 27 personas, entre funcionarios y empresarios. El dictamen describe nuevas maniobras de corrupción entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con direccionamiento de contrataciones, sobreprecios, simulación de competencia y retornos en compras de insumos médicos de alto costo. Picardi habla de salidas de dinero por más de $75.000 millones en favor de un grupo empresario reducido.

Spagnuolo ya está procesado por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. La causa, que antes llevaba Sebastián Casanello, hoy está en manos de Ariel Lijo. El nuevo impulso fiscal amplía el período investigado y suma hechos que, según la acusación, muestran una estructura delictiva organizada entre funcionarios de la ANDIS y proveedores privados.

Este avance judicial se da en un momento en que el propio Javier Milei reconoció un escenario económico adverso. Ayer pidió “paciencia”, admitió que el primer trimestre fue “difícil”, habló de más inflación, menos actividad y un deterioro social transitorio, y sostuvo que la mejora empezaría a verse desde abril. El Presidente atribuyó ese cuadro al shock electoral, al encarecimiento del crédito y a factores externos, y dijo que “no todos están mejor”.

Ese es el contexto en el que quedan hoy las causas que rodean al Gobierno. Por un lado, Adorni entra en una etapa de apertura patrimonial y financiera. Por otro, la investigación sobre la ANDIS suma nuevas indagatorias y nuevas maniobras bajo sospecha. Y todo eso ocurre mientras la Casa Rosada intenta sostener la idea de que lo más difícil en la economía ya pasó.