El 12 de abril de 2013 marcó un antes y un después en el mundo del trabajo en Argentina. Ese día, el Gobierno de Cristina Kirchner oficializaba la reglamentación de la Ley 26.844, que estableció un nuevo régimen laboral para el personal de casas particulares, equiparando por primera vez sus derechos con los de cualquier trabajador formal.
Un día antes, el 11 de abril, la exmandataria había hecho el anuncio de su publicación inminente en el Boletín Oficial.
La norma sigue siendo considerada una de las reformas más relevantes en materia de derechos laborales, especialmente para un sector compuesto mayoritariamente por mujeres y atravesado históricamente por la informalidad y la precarización.
Durante el acto de promulgación, la entonces presidenta fue contundente al remarcar el alcance de la ley: “Los trabajadores y trabajadoras de casas particulares tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Si quieren, no digan que fue este gobierno pero que todos se enteren de que cada vez hay más derechos para todos”. Era en plena disputa entre el gobierno K y varios medios de comunicación.
En esa línea, también cuestionó el largo período de desprotección que atravesó el sector: “Para los invisibles y pobres no hay cautelares ni inconstitucionalidades. En 60 años no hubo una sola medida cautelar ni juez que declarara la inconstitucionalidad de este decreto”.
Las declaraciones apuntaban directamente al régimen anterior, vigente desde 1956, que dejaba a las trabajadoras domésticas por fuera de derechos laborales básicos consagrados en la Constitución Nacional.
Hasta la sanción de la ley, el trabajo en casas particulares se regía por un decreto-ley dictado durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, que excluía a estas trabajadoras de garantías fundamentales.
Cristina Kirchner lo definió como una deuda histórica: “El decreto-ley de la dictadura dejaba a las trabajadoras del sector afuera del artículo 14 bis de la Constitución. Luego de casi 60 años, es algo que nos debíamos”.
Además, vinculó la iniciativa con una tradición del peronismo: “Hoy estamos consagrando un viejo proyecto, el sueño incumplido de Eva”, en referencia a Eva Perón y su intento de avanzar en un estatuto para el sector.

La Ley 26.844 significó una equiparación sustancial de derechos. Entre los puntos más importantes, se destacan:

Al momento de su sanción, el impacto de la norma era significativo: alcanzaba a más de un millón de personas, de las cuales alrededor del 95% eran mujeres.
Sin embargo, el diagnóstico era crítico. Según datos de la época, apenas el 30% del sector estaba registrado, mientras que el resto se desempeñaba en la informalidad, muchas veces en condiciones cercanas a la servidumbre.
El entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sintetizó el problema: “Durante 60 años, a todo el mundo le pareció normal que una persona tenga distintas vacaciones, peor indemnización, ningún régimen horario y ni siquiera protección para la maternidad”.

Otro de los ejes clave de la ley fue impulsar la formalización del sector. La normativa mantuvo los mecanismos de registración ante la AFIP, pero introdujo incentivos y herramientas para facilitar el blanqueo de las trabajadoras.
Además, creó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, encargada de fijar salarios mínimos, categorías laborales y condiciones de trabajo en todo el país.
A más de una década de su implementación, la ley sigue siendo un pilar del sistema laboral argentino. Si bien persisten altos niveles de informalidad, el marco normativo permitió avanzar en la ampliación de derechos y en la visibilización de un sector históricamente relegado.