Narco y mujeres: polémico proyecto K busca bajar la pena en cuatro casos

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley que busca modificar la legislación vigente en materia de estupefacientes y, al mismo tiempo, crear un programa integral de asistencia para mujeres involucradas en delitos menores vinculados al narcotráfico.

La iniciativa pone el foco en situaciones de vulnerabilidad social y plantea la posibilidad de reducir penas —o incluso eximirlas— en determinados casos.

El texto, que lleva las firmas de Gabriela Estévez, Lucía Cámpora, Hilda Aguirre, Fernanda Díaz, Carlos Castagneto y Santiago Roberto, reabre el debate sobre el enfoque punitivo en delitos de baja escala dentro del narcotráfico y propone una mirada que combina perspectiva de género, política criminal y contención social.

Modificación de la Ley de Estupefacientes

El eje central del proyecto es la incorporación de un nuevo artículo —el 29 quáter— a la Ley 23.737. Allí se establece que los tribunales podrán reducir las penas “hasta la mitad del mínimo y del máximo o eximirlas de ellas” en casos específicos.

Según la iniciativa, esta facultad judicial aplicará cuando se comprueben determinadas condiciones vinculadas a la situación personal de la persona imputada. En los fundamentos se detalla que el objetivo es atender a una población “más vulnerable y minoritaria”, especialmente mujeres involucradas en delitos de narcomenudeo.

Los cuatro casos en los que podrían reducirse las penas

El proyecto establece con precisión los cuatro supuestos en los cuales la Justicia podría aplicar una reducción o exención de la pena. Estos son:

1. Vulnerabilidad socioeconómica

Se contempla la posibilidad de morigerar la pena cuando se compruebe que la persona imputada se encuentra en una situación de exclusión o precariedad económica.

En los fundamentos se señala la “comprobación de vulnerabilidad socioeconómica” como un criterio central para flexibilizar la respuesta penal.

2. Participación como actor menor en el delito

Otro de los puntos clave es el rol que la persona haya tenido dentro de la cadena delictiva. El texto apunta a quienes hayan tenido una participación secundaria o marginal, es decir, sin capacidad de decisión ni control sobre la actividad.

3. Condición de madre o embarazo

El proyecto incorpora una mirada de género al contemplar especialmente a mujeres con hijos menores o en estado de embarazo. Se trata de situaciones donde el impacto de la pena trasciende a terceros, particularmente a niños y niñas.

4. Falta de antecedentes penales

Finalmente, se establece como requisito que la persona no cuente con antecedentes penales. Esto apunta a diferenciar a quienes se encuentran en una situación circunstancial de aquellos con trayectorias delictivas consolidadas.

En conjunto, estos criterios buscan “facultar a los tribunales” a aplicar un enfoque más flexible y contextualizado, alejándose de la lógica uniforme de castigo.

Un programa nacional de asistencia integral

Además de la modificación penal, la iniciativa crea el “Programa Nacional de Protección, Contención y Asesoramiento para las mujeres involucradas en delitos menores relacionados con el narcotráfico”, bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

El objetivo es acompañar a las mujeres que resulten beneficiadas por la reducción o exención de penas, con una batería de políticas públicas orientadas a la reinserción social.

Entre las principales medidas se incluyen:

• Asesoramiento jurídico gratuito con perspectiva de género.
• Capacitación laboral e inserción en programas de empleo.
• Acceso a la finalización de estudios obligatorios y formación profesional.
• Acompañamiento en procesos de maternidad y crianza.
• Posibilidad de alojamiento en espacios de contención.
• Abordaje de consumos problemáticos mediante articulación con organismos especializados.

El financiamiento del programa, según el proyecto, podría incluir recursos provenientes de bienes decomisados en causas de narcotráfico, lo que introduce un mecanismo de reutilización de activos del delito.

El diagnóstico: mujeres, minoría en cárceles pero altamente vulnerables

En los fundamentos, los autores del proyecto aportan datos del sistema penitenciario federal para contextualizar la iniciativa. Allí se señala que actualmente hay más de 12.000 personas detenidas, de las cuales menos de 1.000 son mujeres.

Sin embargo, advierten que dentro de ese universo reducido existe una alta proporción de casos vinculados a delitos menores de drogas, muchas veces asociados a situaciones de pobreza, coerción o falta de alternativas laborales.

“El proyecto hace foco en esa población más vulnerable y minoritaria”, se sostiene, al tiempo que se remarca la necesidad de una respuesta estatal que no sea exclusivamente punitiva.

Debate sobre política criminal y enfoque social

La iniciativa se inscribe en un debate más amplio sobre cómo abordar el narcomenudeo en Argentina. Mientras algunos sectores impulsan un endurecimiento de penas, otros plantean la necesidad de diferenciar entre grandes estructuras criminales y eslabones débiles de la cadena.

En este caso, los diputados de Unión por la Patria proponen una combinación de reducción punitiva y fortalecimiento de políticas sociales, con el argumento de que el castigo por sí solo no resuelve las causas estructurales del delito.