Una nueva etapa en la investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) revelaría una maniobra de corrupción sistémica que afectaría fondos destinados a personas en situación de pobreza estructural. El fiscal federal Franco Picardi detectó un presunto desvío de recursos públicos mediante el direccionamiento de compras de insumos médicos de alto costo. Según el dictamen, estas operaciones habrían generado una erogación irregular superior a los 75.000 millones de pesos.
La Justicia Federal investigaría un esquema donde funcionarios del organismo habrían entregado sus claves de acceso informático a proveedores privados. Esto les permitiría a los empresarios autogestionar licitaciones y fijar precios con márgenes de ganancia excesivos. Las pruebas obtenidas incluirían chats de WhatsApp y seis cuadernos con anotaciones detalladas sobre el reparto de retornos y dádivas.
La investigación fiscal indicaría que empresarios del sector salud habrían utilizado las contraseñas personales de funcionarios para ingresar al sistema SIIPFIS, desde donde presuntamente manipulaban las licitaciones para adjudicarse compras millonarias de prótesis y sillas de ruedas motorizadas.
Los elementos más recientes de la causa involucrarían registros de comunicaciones que mencionarían pagos destinados al entorno presidencial. Un mensaje de WhatsApp enviado el 29 de agosto de 2025 por Claudio Kahn, de la firma Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A., al lobbista Miguel Ángel Calvete, diría textualmente: "Ya le descontaron el 3". A esta frase, el empresario sindicado como jefe de la asociación ilícita habría respondido: "Muy buenooooo".
La fiscalía analizaría si ese porcentaje se refiere a retornos que habrían tenido como destino final a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación. Otros chats recuperados mostrarían a Miguel Ángel Calvete conversando con su hija, Ornella Calvete, sobre un presunto pago del "3% para KM". En el domicilio de la joven, quien se desempeñaba como funcionaria en el Ministerio de Economía, la Justicia habría secuestrado casi 700.000 dólares en efectivo.
El presunto fraude se centraría en el manejo del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), el software utilizado por la ANDIS para gestionar las compras de insumos médicos. Los funcionarios públicos involucrados habrían proporcionado sus nombres de usuario y claves personales a los proveedores. Con este acceso, los empresarios podrían visualizar los presupuestos de su competencia y ajustar sus propias ofertas para resultar ganadores.

Esta modalidad permitiría simular una competencia real en las licitaciones cuando, en la práctica, el proceso estaría cartelizado. El dictamen fiscal sostendría que los empresarios "ofrendaban el dinero estatal y confundían los intereses públicos con los privados en detrimento del Estado". Esta práctica habría facilitado el cobro de sobreprecios que alcanzarían niveles significativos en productos de alta gama.
La documentación secuestrada en el domicilio de la calle Defensa incluiría seis cuadernos manuscritos atribuidos a Miguel Ángel Calvete. En estos registros se habrían detallado los roles de los integrantes del círculo allegado al lobbista, además de esquemas de pagos a personas físicas y jurídicas. Los investigadores habrían identificado columnas con montos agrupados bajo los títulos de "Costos", "Diferencia" y "2/3 Partes".

En algunas hojas se consignaría la frase "menos el 20%", cifra que coincidiría con el porcentaje que el empresario presuntamente recibía por garantizar adjudicaciones en la ANDIS. También aparecerían alias como "Rioja" y "Caputito", que la justicia investigaría como posibles referencias a Eduardo Lule Menem y al asesor presidencial Santiago Caputo. Según el fiscal, los cuadernos darían cuenta de un "sinnúmero de situaciones" vinculadas a la logística de los pagos ilegales.

La maniobra habría afectado principalmente a las denominadas Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). Se trataría de dispositivos esenciales gestionados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad que carecen de otra cobertura médica. Los productos involucrados en las compras direccionadas serían:
El fiscal Franco Picardi señalaría que, en lugar de cumplir con los objetivos institucionales de salud, la agencia habría operado como una "ventanilla de pagos indebidos" para sostener negocios espurios. El desvío de los 75.478.149.019 pesos se habría repartido entre un grupo reducido de firmas proveedoras afines a la conducción del organismo.

La asociación ilícita que se habría montado dentro de la ANDIS tendría, según la hipótesis judicial, cuatro cabecillas principales:
La Justicia también investigaría el incremento patrimonial de estos implicados, que incluiría reformas en propiedades de barrios cerrados y pagos de deudas personales mediante cuentas de empresas proveedoras. El caso se encuentra actualmente bajo la supervisión del juez Ariel Lijo.
La cronología de los hechos investigados permitiría reconstruir la formación de la presunta estructura delictiva:
TM