10/04/2026 - Edición Nº1158

Política

Nuevas pruebas

El código del "3%": los chats y cuadernos que revelarían el fraude en ANDIS

10/04/2026 | Más elementos indicarían que empresarios usaban claves estatales para desviar fondos de pensiones.



Una nueva etapa en la investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) revelaría una maniobra de corrupción sistémica que afectaría fondos destinados a personas en situación de pobreza estructural. El fiscal federal Franco Picardi detectó un presunto desvío de recursos públicos mediante el direccionamiento de compras de insumos médicos de alto costo. Según el dictamen, estas operaciones habrían generado una erogación irregular superior a los 75.000 millones de pesos.

La Justicia Federal investigaría un esquema donde funcionarios del organismo habrían entregado sus claves de acceso informático a proveedores privados. Esto les permitiría a los empresarios autogestionar licitaciones y fijar precios con márgenes de ganancia excesivos. Las pruebas obtenidas incluirían chats de WhatsApp y seis cuadernos con anotaciones detalladas sobre el reparto de retornos y dádivas.

La investigación fiscal indicaría que empresarios del sector salud habrían utilizado las contraseñas personales de funcionarios para ingresar al sistema SIIPFIS, desde donde presuntamente manipulaban las licitaciones para adjudicarse compras millonarias de prótesis y sillas de ruedas motorizadas.

¿Qué revelan los mensajes sobre el "3%"?

Los elementos más recientes de la causa involucrarían registros de comunicaciones que mencionarían pagos destinados al entorno presidencial. Un mensaje de WhatsApp enviado el 29 de agosto de 2025 por Claudio Kahn, de la firma Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A., al lobbista Miguel Ángel Calvete, diría textualmente: "Ya le descontaron el 3". A esta frase, el empresario sindicado como jefe de la asociación ilícita habría respondido: "Muy buenooooo".

La fiscalía analizaría si ese porcentaje se refiere a retornos que habrían tenido como destino final a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación. Otros chats recuperados mostrarían a Miguel Ángel Calvete conversando con su hija, Ornella Calvete, sobre un presunto pago del "3% para KM". En el domicilio de la joven, quien se desempeñaba como funcionaria en el Ministerio de Economía, la Justicia habría secuestrado casi 700.000 dólares en efectivo.

¿Cómo funcionaba el sistema de claves oficiales cedidas a privados?

El presunto fraude se centraría en el manejo del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), el software utilizado por la ANDIS para gestionar las compras de insumos médicos. Los funcionarios públicos involucrados habrían proporcionado sus nombres de usuario y claves personales a los proveedores. Con este acceso, los empresarios podrían visualizar los presupuestos de su competencia y ajustar sus propias ofertas para resultar ganadores.

Esta modalidad permitiría simular una competencia real en las licitaciones cuando, en la práctica, el proceso estaría cartelizado. El dictamen fiscal sostendría que los empresarios "ofrendaban el dinero estatal y confundían los intereses públicos con los privados en detrimento del Estado". Esta práctica habría facilitado el cobro de sobreprecios que alcanzarían niveles significativos en productos de alta gama.

¿Qué anotaciones contienen los "cuadernos de Calvete"?

La documentación secuestrada en el domicilio de la calle Defensa incluiría seis cuadernos manuscritos atribuidos a Miguel Ángel Calvete. En estos registros se habrían detallado los roles de los integrantes del círculo allegado al lobbista, además de esquemas de pagos a personas físicas y jurídicas. Los investigadores habrían identificado columnas con montos agrupados bajo los títulos de "Costos", "Diferencia" y "2/3 Partes".

En algunas hojas se consignaría la frase "menos el 20%", cifra que coincidiría con el porcentaje que el empresario presuntamente recibía por garantizar adjudicaciones en la ANDIS. También aparecerían alias como "Rioja" y "Caputito", que la justicia investigaría como posibles referencias a Eduardo Lule Menem y al asesor presidencial Santiago Caputo. Según el fiscal, los cuadernos darían cuenta de un "sinnúmero de situaciones" vinculadas a la logística de los pagos ilegales.

¿Cuáles son los insumos médicos que estarían bajo sospecha?

La maniobra habría afectado principalmente a las denominadas Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). Se trataría de dispositivos esenciales gestionados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad que carecen de otra cobertura médica. Los productos involucrados en las compras direccionadas serían:

  • Prótesis de alta gama para amputaciones.
  • Implantes cocleares para personas con pérdida auditiva.
  • Sillas de ruedas motorizadas y andadores.
  • Materiales específicos para cirugías cardiológicas y traumatológicas complejas.

El fiscal Franco Picardi señalaría que, en lugar de cumplir con los objetivos institucionales de salud, la agencia habría operado como una "ventanilla de pagos indebidos" para sostener negocios espurios. El desvío de los 75.478.149.019 pesos se habría repartido entre un grupo reducido de firmas proveedoras afines a la conducción del organismo.

¿Quiénes son los funcionarios señalados como jefes de la organización?

La asociación ilícita que se habría montado dentro de la ANDIS tendría, según la hipótesis judicial, cuatro cabecillas principales:

  • Diego Spagnuolo: exdirector ejecutivo de la agencia e íntimo amigo de Javier Milei. Se encuentra procesado por fraude al Estado y cohecho pasivo.
  • Daniel María Garbellini: exnúmero dos del organismo. Estaría acusado de operativizar el direccionamiento de las compras y firmar las órdenes de pago.
  • Miguel Ángel Calvete: empresario y lobbista. Se le atribuiría el manejo de las adjudicaciones desde el sector privado y el cobro de comisiones del 20%.
  • Pablo Atchabahian: exdirector de Acceso a los Servicios de Salud. Estaría procesado por su rol en la cartelización empresarial y direccionamiento de contratos.

La Justicia también investigaría el incremento patrimonial de estos implicados, que incluiría reformas en propiedades de barrios cerrados y pagos de deudas personales mediante cuentas de empresas proveedoras. El caso se encuentra actualmente bajo la supervisión del juez Ariel Lijo.

¿Cómo evolucionó la causa desde diciembre de 2023?

La cronología de los hechos investigados permitiría reconstruir la formación de la presunta estructura delictiva:

  • Diciembre de 2023: inicio de las maniobras detectadas con la llegada de la nueva conducción al organismo.
  • Junio - Julio de 2025: periodo donde se registrarían los chats y audios sobre liquidaciones en dólares y "ofrendas" semanales de empresas.
  • Agosto de 2025: filtración de los primeros audios atribuidos a Diego Spagnuolo. El 21 de agosto de ese año, el funcionario fue desplazado de su cargo.
  • Octubre de 2025: finalización del periodo analizado en esta etapa de la investigación, tras detectarse compras irregulares constantes.
  • Abril de 2026: el fiscal Picardi solicita nuevas indagatorias para 29 personas y eleva el cálculo del fraude a más de 75.000 millones de pesos.

TM

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