El juez Javier Sánchez Sarmiento dictó el procesamiento formal de los profesionales por el delito de administración fraudulenta. La Justicia argentina determinó que los imputados utilizaron sus cargos para vulnerar los controles de stock en el área de anestesiología. Se trata del anestesista Hernán Boveri y la ex residente Delfina Lanusse.

Como parte de las medidas cautelares, el magistrado impuso una prohibición de salida del país para ambos especialistas involucrados. Además, se ordenaron embargos millonarios sobre sus bienes para cubrir las costas del proceso y los daños patrimoniales causados a la institución médica.
La investigación se disparó tras una auditoría interna del Hospital Italiano que reveló inconsistencias graves en el inventario de ampollas. Los registros oficiales de los quirófanos no coincidían con la salida real de medicamentos desde la farmacia central del centro asistencial.

El foco del escándalo es el desvío de propofol, un potente hipnótico que habría sido utilizado en reuniones sociales privadas, las denominadas "Propofest". Esta práctica representa un peligro mortal, ya que el fármaco puede provocar paros cardiorrespiratorios si se administra sin el soporte ventilatorio adecuado.
Ante la contundencia de las pruebas, el hospital decidió desvincular a Lanusse de su residencia y suspender preventivamente al médico Boveri. La institución se presentó como querellante en la causa para deslindar responsabilidades y colaborar activamente con el esclarecimiento del hecho.
Este procesamiento marca un precedente histórico en la justicia penal sobre el manejo de insumos críticos dentro de hospitales de alta complejidad. El fallo subraya que la pericia profesional no exime a los médicos de cumplir con las normas éticas y legales vigentes.