Cautelares por Glaciares: el plan del oficialismo para sostener la reforma

El Gobierno nacional ya trabaja en la estrategia para enfrentar la judicialización de la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada esta semana en la Cámara de Diputados. La tarea está en manos del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, quien lidera el armado legal bajo estricta reserva para responder a los amparos y medidas cautelares que comenzaron a presentarse.

En la Casa Rosada reconocen que el escenario judicial era previsible. De hecho, sostienen que el diseño de la norma contempló ese frente desde el inicio. “No tiene sentido mostrar las cartas de manera anticipada”, deslizan desde el entorno del Gobierno, donde buscan evitar filtraciones sobre los argumentos que utilizarán para defender la constitucionalidad de la ley.

La reforma, impulsada por el oficialismo con respaldo de gobernadores de provincias mineras, introduce cambios clave en el esquema de protección ambiental. Entre ellos, amplía la autonomía de las provincias para definir qué áreas deben ser consideradas estratégicas, lo que habilita mayor margen para el desarrollo de actividades productivas en zonas antes restringidas.

Amparos, tensión política y expectativa judicial

El primer movimiento judicial llegó desde Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, quien presentó un amparo con pedido de cautelar para frenar la aplicación de la norma. El mandatario advirtió que los cambios podrían afectar el caudal del río Colorado y comprometer el acceso al agua para una parte significativa de la población provincial.

Ley de Glaciares: La Pampa presenta amparo colectivo ambiental. https://t.co/r4VaSoIts1

— Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) April 9, 2026

Desde el oficialismo, sin embargo, minimizan el impacto de estas acciones y confían en que la Justicia validará el proceso legislativo. Destacan que la ley fue aprobada con una mayoría amplia en el Congreso y remarcan que se cumplieron las instancias formales, incluida la audiencia pública, que contó con decenas de miles de inscriptos.

La oposición, en cambio, anticipa un camino judicial más complejo. Legisladores como Maximiliano Ferraro cuestionaron el procedimiento y advirtieron sobre posibles incumplimientos del Acuerdo de Escazú, además de señalar que la Corte Suprema ya había respaldado la ley original en fallos previos.

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— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) April 10, 2026

En este contexto, el Gobierno apuesta a sostener la reforma en tribunales mientras consolida el respaldo político de las provincias cordilleranas. La disputa, sin embargo, recién comienza: el conflicto por el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental se trasladará ahora al terreno judicial, donde se definirá el futuro de la norma.