Alberto Fernández: celebración familiar y expectativas por lo que diga Casación

Como un padre más, Alberto Fernández celebró el cumpleaños de su hijo Francisco con un mensaje en redes sociales y una imagen familiar, en un contexto marcado por la expectativa judicial en torno a su situación en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión.

“Francisco. Hace cuatro años llegaste a mi vida. Volver a tenerte a mi lado. Poder acompañarte en tu crecimiento. Que puedas volver a celebrar tu día con todos tus afectos. Nada me hace más feliz que tu felicidad. Feliz cumpleaños hijo amado”, escribió el exmandatario en una publicación dedicada al niño, fruto de su relación con la ex primera dama Fabiola Yañez.

 

 

 

 

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La celebración familiar coincidió con una semana clave en los tribunales federales. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal tiene previsto escuchar los planteos de la defensa del exjefe de Estado antes de resolver si queda firme su procesamiento en la investigación vinculada a la contratación de pólizas para organismos públicos durante su gobierno.  

En la causa se analiza el alcance del decreto 823/2021 y el supuesto esquema de intermediación en el negocio de seguros estatales que habría beneficiado a brokers cercanos al poder. Según la investigación judicial, las comisiones obtenidas por el grupo de intermediarios habrían alcanzado unos 2.200 millones de pesos, lo que representaría una porción significativa del total de pólizas emitidas para organismos del Estado.

La defensa del exmandatario, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, cuestionó el procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello al sostener que la resolución resulta arbitraria y que se le atribuyeron delitos por los cuales no habría sido indagado previamente. El próximo lunes los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky mantendrán una audiencia con la defensa del expresidente, decisiva para su futuro judicial.

Qué delito se le imputa y cuál es la pena

El delito que se le imputa a Fernández es el de negociaciones incompatibles con la función pública. Está tipificado en el artículo 265 del Código Penal, formando parte del Capítulo VIII del Título XI Delitos contra la administración pública. La fórmula usada por el legislador reprueba la conducta del “funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

La segunda parte del artículo prevé “multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del beneficio indebido pretendido u obtenido. Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales”, pero eso no aplica para el expresidente.

La pena en expectativa es alta, no tanto por la duración temporal de la privación de la libertad –uno a seis años de reclusión o prisión- si no por la pena accesoria: inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. En otras palabras, en un eventual escenario de condena, Alberto Fernández podría pasar hasta seis años preso y no podría hacer política nunca más.

Una aclaración importante: la situación de Alberto Fernández hoy es la de una persona imputada por un presunto delito. Esto significa que en el marco de una investigación -que todavía no terminó- la Justicia tendría elementos para sostener la necesidad de aplicarle una sanción, solo si esos elementos resultan útiles para probar la comisión de hechos ilícitos.La causa avanza, pero el expresidente sigue siendo inocente mientras no se demuestre lo contrario.