Del avión presidencial a la Justicia: un mes del caso Adorni que sacude al Gobierno

Lo que comenzó como una foto en redes terminó convertido en el problema judicial más incómodo para el Gobierno. A un mes del estallido del “caso Manuel Adorni”, el jefe de Gabinete sigue atrapado en una secuencia de explicaciones fallidas, filtraciones y avances judiciales que no logra cerrar.

El punto de partida fue el 11 de marzo, cuando se difundió una imagen de su esposa, Bettina Angeletti, en medio de la gira oficial por Nueva York y Miami. La foto confirmó que integraba la comitiva presidencial sin ocupar ningún cargo, lo que desató cuestionamientos por el uso de recursos públicos.

La primera reacción de Adorni agravó el escenario. El funcionario explicó que la presencia de su esposa en el avión presidencial ARG-01 había sido decisión de Javier Milei, dejando expuesto al propio presidente. A eso se sumó una frase que generó rechazo: justificó el viaje en términos personales, lo que alimentó la percepción de un uso discrecional del aparato estatal.

Con el correr de los días, las dudas se multiplicaron. El foco pasó del viaje de ida al regreso, cuando surgieron inconsistencias sobre quién pagó los pasajes. Desde el entorno del jefe de Gabinete insistieron en que fueron abonados de su bolsillo, pero evitaron mostrar comprobantes, lo que mantuvo abierto el frente de sospechas.

Viajes, propiedades y una causa que escala

El caso dio un salto cuando aparecieron nuevos datos sobre un vuelo privado a Punta del Este junto a su familia y el empresario Marcelo Grandio, vinculado a contratos en la TV Pública. Aunque Adorni sostuvo que cubrió los costos personalmente, la Justicia ya incorporó ese episodio a la investigación.

En paralelo, se acumulan las causas judiciales en su contra. Las principales líneas de investigación apuntan a presunto enriquecimiento ilícito y manejo irregular de fondos públicos. El eje no solo está en los viajes, sino también en la adquisición de bienes que no cerrarían con sus ingresos previos a la función pública.

En las últimas horas, el juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, avanzó con una medida clave: el levantamiento del secreto fiscal y bancario. La decisión habilita a la Justicia a analizar todos los movimientos financieros de Adorni y su esposa desde 2022, un paso que suele marcar un punto de inflexión en este tipo de causas.

Entre los elementos bajo la lupa aparece la compra de un departamento en Caballito, escriturado por un valor inferior al de mercado, además de otros bienes que generan dudas en relación con su evolución patrimonial.

Mientras tanto, el Gobierno intenta contener el daño político. Javier Milei y Karina Milei sostienen públicamente al jefe de Gabinete y buscan mantenerlo como vocero de gestión, en un intento por evitar que el caso se convierta en un símbolo de desgaste. Sin embargo, puertas adentro admiten que el tema ya impacta en la agenda oficial y condiciona la comunicación.

A un mes del inicio, el caso Adorni dejó de ser un episodio aislado para transformarse en un problema estructural para la Casa Rosada. Y, por ahora, lejos de apagarse, sigue escalando.