La psicóloga Luciana Canziani apuntó al Poder Judicial por el caso Ángel López

La muerte de Ángel López, de apenas cuatro años, volvió a dejar al descubierto las fallas del sistema judicial a la hora de revincular a un menor con uno de sus progenitores, en el marco de una disputa legal.  Todo parece indicar que al igual que el caso de Lucio Dupuy, los mecanismos judiciales no tuvieron en cuenta la perspectiva del menor y fue entregado a su madre, sin tener en cuenta informes ni pericias. 

En este sentido, NewsDigitales entrevistó a Luciana Canziani, Licenciada en Psicología y Perita de Parte, en el fuero Penal cuestionó fuerte el fallo que devolvió a Ángel a su madre biológica, que luego terminó muerto en circunstancias que se encuentran en plena investigación. 

 
“Lo primero que hay que decir, con absoluta claridad, es que estos hechos no son imprevisibles. Cuando un niño muere en un contexto de intervención judicial previa lo que falla no es el azar, falla el sistema. Y cuando digo sistema, hablo de decisiones, de omisiones y de lecturas técnicas inadecuadas, improcedentes, de responsabilidad institucional”, aseguró sin vueltas Canziani. 

“La negligencia, en estos casos, no siempre es una acción directa. En la mayoría de las ocasiones es una omisión sostenida. Es no escuchar al niño, minimizar indicadores, interpretar señales de riesgo como si fueran conflictos menores entre adultos. La mirada adultocéntrica mata, el sistema que dice ser de protección lo que menos hace es proteger”, agregó. 

–¿Los niños pueden expresar riesgo, aunque no lo hagan de manera directa?
–Exactamente. Y ese es un punto crítico. El niño no siempre dice “me pasa esto” de forma lineal y literal. Lo expresa en diversas conductas, en rechazos, en miedos, en cambios abruptos. Cuando esas manifestaciones no son leídas técnicamente, sino reducidas a categorías simplificadoras, el sistema pierde la capacidad de anticipar el daño.

–En estos casos que se habla de revinculación. ¿Qué opinión le merece?
–La revinculación no es un derecho absoluto de los adultos, es una intervención condicionada al bienestar del niño. Cuando se impone sin una evaluación de riesgo rigurosa, puede transformarse en un dispositivo peligroso. Obligar a un niño a vincularse en un contexto donde hay indicadores de temor o maltrato no resuelto es, desde el punto de vista psicológico forense, una forma de exposición al daño.

–¿Qué rol juegan las evaluaciones psicológicas en este tipo de procesos?
–Central. Pero deben cumplir condiciones estrictas: objetividad, control de sesgos, encuadre pericial claro. Cuando aparecen evaluaciones de parte sin orden judicial o con posicionamientos implícitos, lo que se produce es una contaminación del objeto de estudio. Es decir, se altera la posibilidad de conocer la verdad. Y eso tiene consecuencias directas en las decisiones judiciales. cuando prima la perspectiva de género, por sobre la perspectiva de infancia cuando esta última se reviste de eslogan

–¿Qué le diría al Poder Judicial frente a este tipo de desenlaces?
– Que la responsabilidad no se agota en dictar resoluciones. Implica garantizar que esas decisiones estén basadas en evaluaciones técnicas rigurosas y en una verdadera escucha del niño. Cuando las señales están y no se actúa en consecuencia, el sistema deja de ser protector y pasa a ser cómplice, formando parte ni más ni menos del desamparo de un niño. Ya que quien debía protegerlo, no lo hizo.

–¿Se podría haber evitado?
–Esa es la pregunta más incómoda; y la más necesaria. En muchos de estos casos, la respuesta es sí. El riesgo no aparece de un día para el otro. Se construye, se manifiesta y, muchas veces, se advierte. El problema es cuando esas advertencias no son tomadas con la seriedad que requieren.

–¿Qué deja este caso, desde su perspectiva profesional?
–Cuando el Estado interviene y aun así el daño ocurre, no estamos frente a una falla individual sino estructural. Y lo estructural, si no se revisa, se repite. La infancia no puede depender de intervenciones fragmentadas ni de lecturas superficiales. La judicialización sin un sustento técnico serio puede transformarse en daño. Y que cuando el sistema escucha, no evalúa, observa, y no actúa, termina siendo el problema.

–¿Qué reflexión final nos merece este lamentable hecho?
–No fue imprevisible. Fue desoído un niño que no siempre puede explicar el peligro, pero casi siempre puede mostrarlo. El problema es cuando los adultos deciden no verlo. Acá no hay margen para relativizar nada porque un niño murió. Y cuando eso ocurre en un contexto donde el Estado ya había intervenido, la pregunta no es qué pasó, sino por qué no se evitó. El foco tiene que volver de manera urgente y sin concesiones a donde siempre debió estar: en los niños.