AUH y menores condenados: el polémico proyecto de un diputado de LLA

El diputado de Francisco Morchio, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 24.714 con el objetivo de suspender el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuando un menor sea penalmente responsable de un delito y cumpla una condena con prisión efectiva.

La iniciativa incorpora un artículo 3 bis al régimen vigente y apunta a introducir un nuevo criterio de suspensión del beneficio social en casos vinculados a delitos cometidos por menores de edad.

Qué propone el proyecto

El texto establece que “quedará suspendida la percepción de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social [...] por parte del progenitor cuando al hijo menor de 18 años se lo encuentre penalmente responsable de un delito [...] con cumplimiento efectivo de prisión”.

Según el articulado, la suspensión comenzará únicamente cuando la sentencia haya quedado firme. A su vez, el beneficio podrá restablecerse cuando el menor haya cumplido todas las medidas impuestas por la Justicia en el marco del régimen penal juvenil, siempre que no haya alcanzado la mayoría de edad.

De esta manera, el proyecto fija tres condiciones clave:

• Existencia de una condena penal firme
• Cumplimiento efectivo de prisión
• Finalización de las medidas judiciales para la restitución del beneficio

Qué es la AUH y a quién alcanza

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una política de transferencia de ingresos implementada en Argentina desde el año 2009 destinada a familias en situación de vulnerabilidad. Está dirigida a padres, madres o tutores de menores de 18 años que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal o perciban ingresos por debajo del salario mínimo.

El beneficio, administrado por Administración Nacional de la Seguridad Social, tiene como objetivo garantizar derechos básicos de niños, niñas y adolescentes, como el acceso a la salud y la educación. Para su cobro, se exige el cumplimiento de controles sanitarios y la asistencia escolar.

Los fundamentos del proyecto

En los argumentos que acompañan la iniciativa, Morchio sostiene que la AUH “nació como un instituto de ayuda social para las niñas, niños y adolescentes más vulnerable del país”, con el fin de garantizar “el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos”.

Sin embargo, advierte que la normativa actual no contempla sanciones ante determinados casos: “en la legislación actual no se encuentra sancionada ninguna norma que prevea la posibilidad de suspender dicho beneficio cuando el menor [...] haya cometido un delito”.

En ese sentido, el diputado afirma que la propuesta busca suspender el beneficio “en claro detrimento de la paz social” hasta que el menor cumpla con las medidas judiciales impuestas.

El rol del Estado durante la condena

Otro de los puntos centrales del proyecto es que, durante el período en que el menor cumpla la pena, el Estado asuma directamente su asistencia.

Según se detalla en los fundamentos, “durante el cumplimiento de las medidas impuestas será el Estado Nacional [...] quien velará y garantizará la tutela y los derechos del niño”, por lo que se considera “innecesario” que los progenitores continúen percibiendo la asignación.

La iniciativa sostiene que las necesidades del menor “serán provistas por el propio Estado” en ese contexto.

Debate abierto y contexto

La propuesta se inscribe en un contexto de debate más amplio sobre políticas sociales, responsabilidad penal juvenil y el alcance de los beneficios estatales. En particular, introduce un criterio que vincula el acceso a una asignación social con la conducta penal de los hijos menores.

De avanzar en el Congreso, el proyecto abrirá discusiones sobre el rol de la AUH como herramienta de protección de derechos y sobre los límites de su aplicación frente a situaciones judiciales complejas.