El presidente Alberto Fernández decidió recusar este jueves a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.
“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.
Fernández indicó que las leyes sancionadas por el Congreso “se deben cumplir” y añadió que la norma en cuestión “no ha sido declarada nula ni cuestionada en su constitucionalidad”.
Sobre ese punto, aclaró que “más allá” de que quiera cumplir con el fallo, debe enviar una ley al Congreso que “resuelva un nuevo presupuesto” para que se establezca “de dónde va a sacar los fondos”, y en ese caso si es con “impuestos, aumento de retenciones o endeudamiento”.
El mandatario señaló que la Corte estableció que Nación debe asignar 2,95% de transferencia a la Ciudad pero que el Gobierno “no tiene la menor idea” de por qué “llegaron a ese cálculo” en el máximo tribunal, al advertir que “ese dinero no está en el presupuesto nacional“.
También consideró que con el fallo se asiste a un “choque de poderes” porque el máximo tribunal “logró lo increíble”, en referencia al hecho de que una resolución “contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo”.
“La Constitución nacional no menciona jamás a la ciudad de Buenos Aires como parte de la coparticipación“, apuntó el jefe de Estado.
El Gobierno, con el acuerdo de 14 gobernadores que firmaron el documento, consideró que lo resuelto por el máximo tribunal constituye “un fallo político, de cara al año electoral” y advirtió que, con esa decisión, “la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA“.
“Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, explicó el comunicado difundido por la oficina de la portavoz de la Presidencia.
El documento lleva las firmas de los gobernadores y gobernadoras de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
