Intentará quitarles poder a los 12 jueces de Comodoro Py. Propondrá un Procurador. Se apoyará en dos figuras clave. Y esperará movimientos en la Corte

La posible fusión del fuero criminal de CABA con Comodoro Py, un anhelo-proyecto de Gustavo Beliz, asoma como la avanza reformista que tiene en carpeta Alberto Fernández para abordar los temas “importantes” una vez superados los “urgentes”.

Beliz ya es una pieza central en la estructura de AF. No sólo forma parte del equipo que encabeza la transición, junto a Vilma Ibarra, Santiago Cafiero y Wado de Pedro, sino que siempre fue un hombre de su extrema confianza. El ex ministro tiene listo para desempolvar el proyecto que alguna vez ideó para ampliar dicho fuero, y así quitarles facultades a ese enclave medular del poder que tiene la Argentina: los 12 hombres de Comodoro Py. 

Ni Alberto ni Béliz abrevan en la lógica que alguna vez propuso el kirchnerismo de avanzar con la elección popular de magistrados. Pero el presidente electo está convencido de que un cambio se tiene que hacer. Y esta idea de la fusión del fuero parece un traje a medida. Así, en Py habría menos trabajo, menos causas sensibles y, ergo, menos poder. Quedaría diluida, por ejemplo, la injerencia de jueces incómodos como Claudio Bonadio. Obvio, y se sabe, cualquier cambio es para adelante, en virtud del principio de retroactividad de la ley. Una eventual modificación no alteraría los procesos ya en marcha, pero sí sería un cimbronazo de cara al futuro. En otras palabras, un nuevo mapa y escenario judicial. 

Toda modificación deberá pasar por el Congreso, donde Alberto, a través de Sergio Massa en Diputados, estará obligado a negociar. Depende la circunstancia, siempre le faltarán votos para sacar leyes. Y máxime, leyes clave como podría ser esta. Precisará de aliados. O de convencer a su principal opositor desde diciembre: Macri. Si el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja se mantiene monolítico, el Gobierno no podrá transformar al Poder Legislativo en una escribanía. Ahora bien, nadie puedo asegurar que no haya fugas. O una sangría. No está claro qué harán los radicales ante proyectos estructurales, ni siquiera cuál será el comportamiento de Emilio Monzó, quien será desplazado del poder que hoy detenta. 

En Juntos por el Cambio ya dan por número puesto a Cristian Ritondo para manejar el principal bloque de la oposición; un hombre con experiencia legislativa por tantos años al mando (en los hechos) de la Legislatura porteña. En la Cámara baja, no cayó bien que este nombre haya sido impuesto, sin ningún tipo de consulta previa. “Todos lo hubiésemos aceptado, claro que sí, pero al menos nos tendrían que haber avisado”, tiró un legislador del PRO. 

La reforma judicial es un secreto a voces. Alberto también se apoyará en otra figura central, el operador judicial Juan Manuel Olmos, una persona de fuertísima influencia en todos los pasillos tribunalicios, algo así como “Angelici, pero con otros modos”, lo describió una persona de su entorno.

Olmos será el principal asesor judicial de AF. Se conocen de toda la vida, desde la militancia en el PJ porteño. En la nueva estructura, tendrá una silla muy cercana al despacho presidencial, pero sin compromisos de cumplir horarios.

Alberto también se apoyará en Marcela Losardo, otra de las grandes arquitectas judiciales de su entorno. Se la menciona para ocupar el medular cargo de la Secretaría Legal y Técnica; al igual que Vilma Ibarra, acaso una de las personas que más conoce de la dinámica administrativa del Estado.

El próximo gobierno podría proponer (y seguramente lo hará) a un nuevo Procurador General de la Nación, para ocupar el cargo que dejó vacante Alejandra Gils Carbó y que hoy detenta en forma interina Eduardo Casal. Sonó un actual juez federal para ese lugar. “Pero no hay nada concreto. Son todas especulaciones. Ahora no es el principal tema en agenda”, se dijo en el entorno de AF. Dicha carpeta deberá pasar por el Senado, donde el Gobierno estará más holgado para sacar leyes y nombramientos. 

También en el entorno judicial de Alberto, esperarán qué decida la Corte sobre la doctrina Irurzún. El máximo tribunal debería fallar para confirmar dicha lógica, o para sepultarla definitivamente. Todos creen que sucederá esto último. “Paradójicamente, puede ser una buena noticia para Macri y parte de sus funcionarios”, ironizó una fuente. Es obvio, si esto se cae: es prácticamente un reaseguro que ninguna persona del macrismo, aun con causas complicadas, será detenida en la etapa de investigación.