El juez Julián Ercolini ordenó que se realicen las pruebas pedidas por el fiscal Gerardo Pollicita respecto a la investigación que se está llevando a cabo por el préstamo millonario otorgado por el Banco Nación a la cerealera Vicentin durante el gobierno de Mauricio Macri. El fiscal sospecha que existió una “maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional”: la empresa agroexportadora recibió 18.500 millones de pesos, monto que supera lo permitido por el Banco, que nunca fueron devueltos. Como si fuera poco, ahora entró en convocatoria de acreedores, por lo que es de suponer que el dinero no será pagado. Por el momento se encuentran imputados el ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, y dos responsables de la empresa, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli.
Ercolini solicitó al Banco Nación el informe elaborado por uno de sus directores, Claudio Lozano, donde surgió la denuncia sobre el dinero recibido por la cerealera. Según el informe, el préstamo cuestionado “superó los límites a los que podía acceder la firma en función de la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas y sin fundamento alguno habría obtenido una refinanciación sin hacer las cancelaciones correspondientes para encuadrar en la normativa vigente, lo cual habría sido posible gracias a los vínculos del empresa con funcionarios del anterior gobierno nacional y del BNA, y a sus aportes proselitistas a favor de la Coalición Juntos por el Cambio, que la ubican como principal contribuyente”.
El incumplimiento de Vicentin con los pagos de su deuda resultan simultáneos con las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Aportó 13.500.000 pesos a la campaña de Juntos por el Cambio y luego se declaró en “estrés financiero”. La deuda de Vicentín con el Nación representa el 78% de todo su pasivo, y a otros bancos les debe cifras menores. Al día de hoy, la mayoría de sus plantas no tienen actividad.