Tras la publicación en el Boletín Oficial, el Estado nacional considera que los contratos de las autopistas son “lesivos al interés general”. Los acuerdos habían sido firmados en 2018, por el ex presidente Mauricio Macri.

El Gobierno oficializó esta mañana el pedido de nulidad de contratos de concesión de autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste, al considerarlos “lesivos al interés general“, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El Decreto 633/2022 fue adelantado ayer por el propio presidente Alberto Fernández, quien señaló que “son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios“.

El Gobierno busca anular los contratos de concesión de las autopistas Norte y Oeste
Alberto Fernández y Gabriel Katopodis anuncian la intensión de anular los contratos del Acceso Norte y Acceso Oeste

El mandatario lo expresó al hablar sobre los convenios firmados en 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri.

El Presidente hizo el anuncio desde la Casa Rosada, junto al ministro de Obras Púbicas, Gabriel Katopodis, quien recibió el encargo de gestionar la nulidad de los contratos ante el fuero contencioso administrativo federal.

El decreto de hoy lleva la firma del Presidente, del ministro Katopodis, y del jefe de Gabinete, Juan Manzur.

En este sentido, la cartera que conduce Katopodis se presentará en la Justicia para que se declare la “lesividad y nulidad” de los contratos de concesión a Ausol S.A., al advertir que esa negociación llevada adelante por la administración de Mauricio Macri fue hecha “a medida de las empresas”.

El artículo 1 del decreto se señala: “Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo expuesto en el considerando de la presente medida”.

Además la norma instruye a Vialidad Nacional a ” interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos citados en el artículo 1°”.

Asimismo comunica la decisión a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativos, a la Procuración del Tesoro, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación, al Ministerio de Economía, de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.

De esta manera, el Presidente ordena iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente.

De acuerdo con los contratos firmados en la época de Macri, y según lo solicitado por las empresas, en algunas estaciones de peaje se debería estar pagando 1.830 pesos si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores.

Además, ayer Fernández anticipó que la demanda que el Estado presentará en la Justicia por la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste “seguramente será acercada como prueba” en la justicia penal federal, “donde se investigan estos contratos en la llamada causa Peajes”, en la que se investiga la renegociación de contratos para la concesión de autovías durante el Gobierno de Cambiemos.

“Tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador“, afirmó el jefe de Estado.

“Estamos acá como servidores públicos para defender los intereses del Estado y de la gente; por ese motivo estamos pidiéndole a la Justicia que anule estos contratos y que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado”, completó.

En esta línea, reafirmó que “el mejor Estado es el Estado que no es tonto, es el que cuida el patrimonio de todos, es el que no da ventajas y permite que alguien gane mucho en desmedro de, en este caso, los usuarios de estas autopistas.

“Lo que vamos a reclamar es que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en el Estado argentino”, concluyó.