El pedido es a raíz del estado de emergencia sanitaria y el riesgo que corren en un penal por padecer problemas de salud.

La pandemia de Coronavirus (COVID-19) que afecta al país y a todo el mundo comienza a verse reflejada en todos los sectores de la sociedad. Al menos 55 genocidas solicitaron a la Justicia argentina que se les conceda la prisión domiciliaria o hasta la excarcelación ya que, por padecer problemas de salud y por lo tanto pertenecer a lo que se considera grupo de riesgo para el contagio, sus vidas dentro de los penales corren peligro. Diez represores lograron que se les conceda el beneficio, a otros 8 les fue denegado el pedido y el resto aguarda una resolución judicial que se dará a conocer en los próximos días.

Dentro del grupo de los detenidos que solicitaron esta medida especial se encuentran criminales condenados por delitos de lesa humanidad como el exdirector de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz e integrantes de la patota de la ESMA como Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta, Miguel Cavallo y Antonio Pernías. En un día tan especial como hoy, 24 de marzo, aniversario del último Golpe de Estado en nuestro país, muchos abogados defensores de represores aprovechan para sacar de la cárcel a quienes torturaron, asesinaron, violaron y robaron personas adultas y bebés recién nacidos entre 1976 y 1983.

Sin embargo, desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad consideran que hasta que no haya un caso o una sospecha fundada de infección por Coronavirus en la cárcel, los pedidos no corresponden. En diálogo con El Destape, el abogado querellante en varias causas de lesa humanidad Pablo Llonto aseguró que «Es un aprovechamiento de una situación de emergencia mundial. Los genocidas y sus abogados tratan de sacar ventaja y buscar un privilegio. No se preocupan por la salud de los demás ni la de ellos mismos«. «El fundamento del aislamiento social es precisamente que no haya circulación de personas para evitar el contagio. El traslado implica una movilización tremenda. Incluye un móvil del Servicio Penitenciario, agentes recorriendo muchos kilómetros. Algunos represores pidieron ser alojados en countries, como Cinto Courteaux, lo que implica contacto con varias personas. Parece una burla a la situación de emergencia. Una falta de respeto», agregó.