Son espacios que trabajaban en zonas vulnerables facilitando el acceso a la justicia.
El Gobierno de Javier Milei continúa con el desmantelamiento del Estado. Este lunes el Ministerio de Justicia de la Nación anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país: solo seguirán funcionando 24.
La medida, obviamente, deja a muchas familias sin trabajo. En los CAJ trabajan administrativos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales, y el abrupto cierre de estas oficinas significa centenares de estatales despedidos.
“Estamos en situación de alerta por los inminentes despidos en los CAJ que están distribuidos en todo el país por una resolución que tiene como objetivo un proceso de reorganización y vaciamiento de los CAJ, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables”, reconoció Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza.
Este lunes el Ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona confirmó el cierre de las 81 oficinas con las misma excusa que en otras área del Estado: una supuesta auditoría interna. Para la cartera el cierre se debe a que presuntamente “brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”.
Distribuidos en todo el país, antes de la motosierra de Milei, los CAJ eran 110 con unos 500 los trabajadores, entre administrativos, trabajadores sociales, abogados y psicólogos, según publica el sitio Tiempo Argentino.
Bajo el mando de coordinadores regionales que responden a una Dirección Nacional hoy sin funcionaria a cargo, es una política pública concreta de relativo bajo costo, dada la depresión de los salarios y los escasos alquileres que demanda, menos del 10% de los locales en funcionamiento.
Desde enero de 2020 a octubre 2023 las consultas ciudadanas atendidas por los CAJ superaron las 623 mil y casi 1.400.00 las gestiones que devinieron de esas consultas, con oficinas trabajando a destajo pese a la escasez de personal.
La región NOA, por caso, cuenta con once oficinas en seis provincias: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero. “Desde el 1 de enero hasta el 6 de junio del 2024 llevamos atendidas 7.788 consultas y 20.044 gestiones”, cuenta el coordinador Ezequiel Álvarez, y refiere que “las tres primeras demandas de la población son Asuntos relativo a Derecho de Familia (2112 consultas); Acceso a documentación personal (1429 consultas) y Acceso al sistema de seguridad social (1298 consultas)”.
“La región cuenta con 30 trabajadores distribuidos en los 11 centros, arrojando un promedio de 2,7 agentes por CAJ. Es algo muy lejano a los 13 agentes por centro denunciado por el ministro Cúneo Libarona, y resulta absurdo pensar que 30 trabajadores para una región de más de 5 millones de habitantes son la causa del déficit fiscal”, completó.
El coordinador de la Región Centro, Sergio Job, señaló que “en Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos tenemos mucho conflicto alrededor de la tierra, y también mucho acompañamiento a violencia de género, además de cuestiones administrativas no solo del Estado Nacional”.
Tras los recortes de diciembre a esta parte y especialmente con la resolución y el anuncio de este lunes, “como política pública la destruyen, apuntando justamente al plus del CAJ, que es un espacio de cercanía en barrios populares, donde el Estado no está”, explicó, y cerró: “Tenemos recursos humanos altamente capacitados, al discontinuar esta política pública fundamental se pierde el acumulado durante tantos años, es una locura en términos de eficiencia del estado y de recursos públicos”.