Lo acusan de integrar una banda destinada a presionar a abogados para que no hagan juicios laborales, en connivencia con un fiscal. También fueron denunciados Dante Sica y Jorge Triaca. El expediente lo tiene Daniel Rafecas.
No bien asumió hacia fines de 2015, el presidente de la Nación Mauricio Macri denunció que existía una verdadera “industria del juicio laboral” para perjudicar a empresas, e indirectamente frenar la oferta en el mercado del trabajo. Con o sin “industria del juicio”, los números de desocupación superan los 10 puntos porcentuales, uno de los tantos saldos negativos en materia económica de la era Cambiemos.
En Córdoba, parientes del ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne presentaron una medulosa denuncia judicial contra Macri y parte de su gabinete por formar parte de una banda destinada a presionar a abogados de esa provincia para que no hicieran juicios laborales. En el expediente, que desde el 5 de noviembre tramita ante el juzgado federal 3 de Daniel Rafecas, se menciona la posible comisión de delitos tales como abuso de poder, cohecho y violación de los deberes de funcionario público.
Incluso dos parientes de quien fuera titular de la cartera de Economía están detenidos: Miguel Luis Dujovne y Paula Inés Dujovne. Ellos denunciaron que son víctimas de una maniobra para presionarlos y sacarlos de la cancha. El 16 de mayo de este año, el diario La Voz del Interior informó que detuvieron a miembros del estudio jurídico Dujovne por “estafas a ART” a instancia del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Entre ellos figuran los citados Dujovne y el doctor Mariano Agüero Conca.
Pero, de acuerdo a la denuncia que tiene Rafecas, la situación asoma un tanto más intrincada y compleja: “Los perjudicados directos son los obreros o empleados, que ya no se atreven a reclamar sus derechos a ser indemnizados por la incapacidades derivadas de riesgos de trabajo, por temor a quedar involucrados penalmente de manera injusta, al igual que los abogados laboralistas y médicos, perseguidos por el fiscal Gavier, por órdenes directas e indirectas dirigidas por parte del presidente de la Nación, y con la connivencia y colaboración de Ministros, funcionarios descentralizados y miembros del Poder Judicial de Córdoba”, se lee en la hoja 4 de la denuncia que tiene Rafecas.
En otras palabras, de acuerdo a esta presentación, existe una maniobra tendiente a presionar a abogados para que no hagan juicio, en complicidad con las aseguradoras de riesgo de trabajo integrantes del Gobierno nacional y al menos un fiscal. De hecho, también están denunciados el actual Ministro de Producción Dante Sica y el Secretario de Trabajo Jorge Triaca.
Según una nota de La Voz del Interior, “de acuerdo a la investigación, la causa se inició por denuncias de jueces laboralistas -miembros de la Cámara del Trabajo de Córdoba- ante la supuesta comisión de estafas a Horizonte ART”.
Por otro lado, la condena que pesa sobre ellos “fue por 350 hechos de defraudación por administración fraudulenta reiterada, más cuatro casos de tentativa del mismo delito, todo en concurso real“. Asimismo, “deberán pagar un resarcimiento de casi 25 millones de pesos a las víctimas, más otros cuatro millones destinados a los abogados y a las costas del proceso”. Según se investiga, los detenidos habrían estafado a la aseguradora con procesos por dolencias falsas de trabajadores.
Para el representante legal de los Dujovne, Pedro Fontanetto, la realidad es mucho más compleja. “Se armó una estrategia que viene desde el Gobierno nacional para intimidar, coaccionar y extorsionar a abogados, a los efectos de que dejaran de hacer juicios. De hecho, el fiscal Gavier se reunió con Macri”, asegura el abogado. Lo curioso, detrás de todo esto, es que los denunciantes “son parientes” del ex ministro de Economía. En la presentación, también se pide que se investigue al titular de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, Gustavo Morón.
Tanto Miguel como Paula Dujovne hoy siguen detenidos. “No es un caso aislado”, dice Fontanetto, quien le solicitó a la Justicia que se intervengan los teléfonos celulares de todos los denunciados, como así también allanamientos a distintas oficinas gubernamentales, judiciales y de las ART. “De esta manera –dice la presentación- el presidente Macri está consiguiendo, abismalmente, limitar y hasta derogar los derechos del trabajador”. Y refuerza también que dicha intención es probada con el reciente DNU 669/2019, el cual modifica la forma en la que se calculan las indemnizaciones por acciones laborales y muerte de un trabajador.
La posible intromisión del Ejecutivo sobre el Poder Judicial no es un hecho nuevo. De hecho, hasta la ONU hizo lugar a una presentación realizada por el relator de esta entidad, Diego García Sayán, quien acusó al Gobierno nacional de amedrentar a jueces y fiscales. El delito de asociación ilícita prevé penas de 3 a 10 años, y un mínimo de 5 para los jefes u organizadores. Pero se sabe que es un tipo penal difícil de probar, y en el país prácticamente no hay funcionarios o ex funcionarios detenidos por este hecho. Habrá que determinar si después del 10 de diciembre algunos actuales integrantes del Gobierno comenzarán a desfilar por Comodoro Py.