Héctor Vogliolo es el fiscal general que presentó un recurso para que intervenga la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires.
La causa judicial que tiene como protagonista a la política bonaerense, sobre todo al Frente de Todos, está a un paso de reabrirse. El fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, apeló esta mañana el cuestionado fallo de la Cámara de Apelaciones que anuló hace una semana la investigación sobre Julio Segundo Rigau, alias “Chocolate”, un puntero del PJ que fue detenido en un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense.
Vogliolo tenía 20 días a partir de la notificación del fallo de la Cámara, pero ya había anticipado que iba a apelar antes de ese límite temporal. Ahora se sorteará la sala de Casación que intervendrá en el caso y deberá decidir si concede el recurso. La Sala III de la Cámara de Apelaciones había planteado la nulidad de la detención de Rigau para voltear toda la investigación.
“La actuación del personal policial que requisó sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en el estado de sospecha razonada o causa probable”, sostuvo el camarista Juan Alberto Benavides, al que se sumó Alejandro Villordo.
Para esos dos jueces, la Policía le avisó a la fiscal de turno recién cuando Rigau fue trasladado a la comisaría. Pero además plantearon que se “violó la privacidad” del puntero que recaudaba millones con los sueldos de supuestos empleados de la Legislatura. En cambio, el juez Fernando Mateos dijo contrariamente que el procedimiento policial fue correcto y alertó sobre la trascendencia social del caso. Benavides y Villordo fue denunciados por los dirigentes de Juntos por el Cambio.
Ellos son Ricardo López Murphy, Javier Iguacel, y María Eugenia Talerico y ahora su conducta está siendo evaluada por la Corte bonaerense. A su vez, el fiscal Juan Manucci pidió la causa principal para determinar si el objeto procesal es similar o si puede avanzar con una causa paralela sobre el manejo de los fondos de la Legislatura bonaerense, tal como lo reclamaron los legisladores. Poder Ciudadano se presentó en la causa principal y fue aceptado como querellante.
Esto significa que ahora, Poder Ciudadano, podrá pedir pruebas y tener acceso a los movimientos de la investigación. Rigau fue detenido el 9 de septiembre en un cajero ubicado en la calle 54 y la avenida 7, de la ciudad de La Plata, mientras retiraba los sueldos de 48 empleados de la Legislatura bonaerense. En su poder ya tenía $1.260.000. Además, le secuestraron una tarjeta del Banco Macro. Por ese motivo, en el expediente se habla de 49 tarjetas.
El arresto se concretó cuando un cliente del Banco de la Provincia de Buenos Aires alertó a la Policía que había una persona que llevaba mucho tiempo parado frente a uno de los cajeros automáticos. Cuando lo requisaron, se dieron cuenta que llevaba dinero, tarjetas, sobres, y varios tickets. Entre los titulares de las tarjetas había hombres y mujeres de distintas edades, cuyos sueldos rondan los 500 mil pesos. Algunos son vecinos de la zona (La Plata, Tolosa, Berisso y Ensenada).
Otros de municipios del Conurbano más lejanos, como Tigre o Hurlingham. A la fiscal le llama la atención que había dos personas con el mismo apellido que Rigau, aunque todavía no se pudo establecer el vínculo familiar. Los tickets que llevaba Rigau revelaron que venía haciendo extracciones hace varios días, al menos desde el 4 de septiembre, cuando se depositaron los sueldos de la Legislatura.