
El presidente Javier Milei consiguió una nueva victoria en el Congreso al blindar su veto a la ley de financiamiento universitario. El Gobierno rechazó desde un principio la norma que actualizaba los salarios docentes y no docentes por inflación retroactivo a enero y hasta diciembre. Considera que pone en riesgo el equilibrio fiscal, piedra fundamental del plan económico. La ley aumentaba los salarios por inflación de forma retroactiva a enero.
La Casa Rosada la rechazó porque ponía en peligro el equilibrio fiscal. Luego de varias semanas de tensiones con sus aliados y negociaciones con gremios y gobernadores, los libertarios sumaron 84 votos en defensa del veto, mientras que la oposición apenas pudo sumar 164 para insistir con el proyecto original. La Cámara de Diputados necesita dos tercios de los presentes para rechazar un veto presidencial, las ausencias y las abstenciones jugaron un papel clave.
La intervención de Mauricio Macri fue determinante para terminar de ordenar la bancada del PRO, que estaba atravesada por fuertes tensiones internas. Algunos consideraban que la crisis con los gremios docentes había escalado por falta de negociación y además entendían que el costo de 0,14 del PBI no ponía realmente el riesgo el equilibrio fiscal. El bloque que conduce Cristian Ritondo apoyó mayoritariamente al Gobierno con 35 votos.
Solo votaron con la oposición los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, en tanto Héctor Stefani estuvo ausente por problemas de salud. “Este bloque es responsable y coherente con lo que dijimos en la campaña, con lo que pensamos y con los valores que tenemos. No negociamos el cambio”, dijo Ritondo. Y agregó: “Dejaron una bomba que había que desactivar, y para eso había que ajustar el gasto…”
“Reducir el déficit, corregir los precios relativos, normalizar los tipos de cambio y es lo que este gobierno está haciendo. No les importa la educación, es mentira, les importa golpear un gobierno que tiene debilidad parlamentaria, es intentar que a este gobierno les vaya mal”. Los libertarios mantuvieron los 39 votos de su bloque pero la diputada rebelde Lourdes Arrieta, que recientemente armó su propio monobloque a raíz de una pelea con Martín Menem.
Arrieta votó a favor del financiamiento universitario. Oscar Zago, jefe de la bancada aliada del MID, estuvo ausente por un viaje que desde su entorno aclararon que estaba planificado desde hace meses. El radicalismo, impulsor original del proyecto de financiamiento universitario, volvió a atravesar las misma turbulencias internas que ya dejaron al bloque al borde de la ruptura cuando se trató el veto a la nueva fórmula jubilatoria.
Esta vez, de los cinco radicales “libertarios” que apoyaron el veto a las jubilaciones, cuatro se mantuvieron firmes junto a Milei (Luis Picat, José Tournier, Martín Arjol y Mariano Campero); mientras que Pablo Cervi esta vez decidió abstenerse. Cuando un diputado se abstiene en parte colabora con el oficialismo ya que al estar presente durante la sesión aumenta el número necesario para alcanzar la mayoría especial de dos tercios.
El resto del bloque de Miguel Ángel Pichetto apoyó el reclamo universitario, salvo Ricardo López Murphy, que también está de viaje y se perdió la sesión. La balanza se terminó de inclinar a favor de la Casa Rosada gracias a los gobernadores, por ejemplo, el tucumano Osvaldo Jaldo instruyó a los tres miembros del bloque Independencia a apoyar el veto y el misionero Carlos Rovira, jefe político del Frente Renovador de la Concordia, hizo lo propio con cuatro diputados misioneros de Innovación Federal que se abstuvieron.
El mandatario sanjuanino Marcelo Orrego, en cambio, aportó dos diputados en contra del Gobierno. “San Juan es la tierra de Sarmiento y la educación pública, el gobernador no iba a regalarle ese flanco al peronismo de Uñac y Gioja para que lo ataquen”, explicó un operador. Fue la primera votación que toman distancia del oficialismo.
Para asegurar el apoyo del PRO, el Gobierno no dejó de negociar con los gremios docentes y ayer anunció un aumento de la Garantía Salarial Docente, que es el sueldo mínimo que los profesionales cobran de bolsillo por cargo y luego de descontar los aportes obligatorios. El incremento será retroactivo e implicará que desde el 1 de julio pasado el salario en cuestión tenga un piso de $420.000, lo cual se suma a la suba del 6,8% para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales.