Luego del polémico rechazo a la actualización del protocolo ILE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) por parte del actual gobierno de Mauricio Macri. La actualización se aprobó por el ex Secretario de Salid, Adolfo Rubinstein pero mas tarde se la rechazó en el Boletín Oficial. A las pocas horas de su derogación además Rubinstein presentó su renuncia. Sin embargo en el día de ayer el presidente de la UCR San Luis y diputado nacional, José Riccardo, presentó un proyecto. Con un guiño desafiante al PRO, el mismo propone una actualización para una atención integral a las personas con derecho a la ILE.
En ese sentido el legislador Riccardo enfatizó en que el fundamento del proyecto se centra en el artículo 86 del Código Penal de 1921. El cual expresa que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible” si fue “con el fin de evitar un peligro para la vida o salud de la madre”. Y si “si el embarazo proviniese de una violación”.
Por este motivo Riccardo alega que ese aspecto del Código no se acualiza desde hace casi 100 años. En este sentido el legislador afirma “en un siglo nunca se cuestionó qué sucedía cuando con el embarazo se ponía en riesgo la vida o salud de la gestante o hubiese sido producto de una violación”. De este modo Riccardo asegura que el Estado debe “velar por la salud de la población”. De este modo “debe poner a disposición la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevar a cabo la interrupción de manera rápida, accesible y segura”.
Por este motivo declara que el Protocolo “es una herramienta que desde 2007 le da jerarquía normativa al derecho mencionado” el cual fue actualizado en 2015. Ademas declaró que la actualización “debe ponerse en vigencia”. Ya que “avanza significativamente en materia de derechos humanos, al resguardar el consentimiento autónomo”.Y además la realizaron “destacados especialistas en el tema”.
El documento lo firmaron los diputados: Samanta Aperenza, Albord Cantard, Claudia Najul y Lorena Matzen, además de Riccardo. El legislador puntualizó que “el protocolo debe ser aprobado y consagrado como Ley nacional”. Y que debe tener valor en todo el país “para que no haya lugar donde una mujer, niña o adolescente se encuentre privada de acceder a la interrupción legal del embarazo”.