Para garantizar la seguridad y sobre todo la reparación de todos los daños ocasionados en los alrededores del Congreso mientras se votaba la Ley de Bases, el Ministerio de Seguridad será querellante.
El 12 de junio, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha conducido las acciones encaminadas al restablecimiento del orden en la Plaza Congreso y calles aledañas, cuando los manifestantes cometieron desmanes con la intención de interrumpir las sesiones del Honorable Senado de la Nación. Cómo consecuencia de dichos acontecimientos, ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional resultaron heridos y se registraron cuantiosos daños.
Entre ellos un automóvil incendiado intencionalmente, del mismo modo que la totalidad de las bicicletas del Gobierno de la Ciudad afectadas allí al uso público y diversos contenedores, entre otras cosas.
Hasta el momento, hay 33 personas detenidas, pero podría haber más, en la medida en que sean identificadas. Interviene en la causa la juez María Romilda Servini y el fiscal Carlos Stornelli, a cuyo cargo están los detenidos.
Desde la cartera de seguridad anunciaron que se presentarán como querellante, no sólo contra las personas detenidas, sino también contra los que resulten identificados por las cámaras emplazadas en la vía pública y también a los líderes de las organizaciones a quienes respondieren los imputados. Además, denunciarán los daños sufridos en su equipamiento, sin perjuicio de las lesiones a los efectivos de las fuerzas, que ya son motivo de investigación por el fiscal Carlos Stornelli.
Se imputa además a los autores una larga serie de delitos, como atentado y resistencia a la autoridad, intimidación pública, atentado contra el orden constitucional, estragos, etc. A su vez, el ministerio demandará los costos del operativo, los cuales están en proceso de determinación, ya que -dijeron- incluirán no sólo las erogaciones necesarias para el despliegue sino también los gastos de curación de los efectivos y también la reposición del material destrozado.
Los costos del operativo, están en proceso de evaluación y determinación, ya que incluirán no sólo las erogaciones necesarias para el despliegue sino también los gastos de curación de los efectivos y también la reposición del material destrozado. Sin perjuicio de la decidida y espontánea acción del fiscal y de la sólida actuación de la juez de la causa, la querella apuntará a la comisión de los delitos de “sedición, perturbación de sesiones del Congreso y estrago doloso”, todo amparado en los artículos 229, 241 y 186 del Código Penal con el “agravante del artículo 41 previsto para acciones terroristas”.