Trabajadores denunciaron un decreto de concesiones viales que busca proteger a los funcionarios macristas Iguacel y Dietrich

El sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunciaron un decreto del presidente Mauricio Macri. En el que se rescindió las concesiones viales, pliegos de licitación vencidos hace dos años. En dicho acuerdo están involucrados el ex titular de Vialidad Javier Iguacel y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich. El Decreto es el 659/2019 el cual resuelve que Corredores Viales S.A. se haga cargo de 5 corredores.

Desde el gremio y la dirigente Graciela Aleñá denunciaron la “destrucción de la Dirección Nacional de Vialidad” y que el decreto “convalida la denuncia realizada por prórroga ilegal y arbitraria de las concesiones viales, pretendiendo proteger a Javier Iguacel y al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, quienes deberán igualmente responder ante la justicia, por los hechos que perjudicaron al Estado en más de 30 mil millones de pesos”

El septiembre pasado además el fiscal de instrucción Eduardo Taiano había imputado a Iguacel y a Dietrich por habilitar a distintas empresas por el cobro de peajes. Y por certificados de obra por un valor de 30 mil millones de pesos. El fiscal escribió en este sentido que “la verdadera intención habría sido ampliar los plazos contractuales para beneficiar ilegítimamente a las empresas concesionarias”

La denuncia del sindicato

La dirigente Aleñá expresó que “no es casualidad que este decreto salga en forma posterior a la denuncia penal que realizamos. Estos contratos que habían vencido en abril de 2017 y fueron prorrogados en forma arbitraria e ilegal por el ingeniero Iguacel y el ministro Dietrich, no quedan salvados por el decreto publicado”

Además agregó “no se puede legislar para atrás, los hechos ilegales se produjeron y perjudicaron al Estado en más de 30 mil millones y en los montos recaudados en forma ilegal por el peaje. Ante eso los imputados tendrán que responder”.

En ese sentido expuso “el supuesto ahorro de 2500 millones del que hace mención Dietrich es una farsa, se sigue mintiendo el usuario, se cobra peaje sin ofrecer caminos alternativos y se ejecutarán obras con fondos públicos para que después la empresa concesionaria que gane la futura licitación pueda cobrar sin invertir

A su vez agregó que “esta sociedad a la que no es aplicable la ley de procedimiento administrativo, del régimen de contrataciones de la administración nacional, la ley de obra pública y en general las normas o principios de derecho administrativo, fue creada para seguir favoreciendo a empresas amigas que seguirán manejando el dinero de la obra pública”

“Uno de los puntos más complejos del decreto es que autoriza a Corredores Viales SA a tomar deuda por lo que el Gobierno debería abstenerse a permitir que Corredores Viales S. A. de acá al 10 de diciembre adquiera créditos. Estamos ante una nueva estafa al Estado y a los usuarios” finalizó la dirigente de STVyARA.

Las empresas involucradas

Según expresa la denuncia las empresas involucradas en la denuncia son: CPC SA y Benito Roggio SA; Esuco SA y Decavial SA. Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA. Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Corporación América y Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA.

Entre los delitos por los cuales se ven involucrados incluyen abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, mal desempeño y falsedad ideológica. Taiano y el Juez Sebastián Casanello ya solicitaron pruebas, entre ellas las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a dichas empresas. También solicitaron las actas en las cuales se extendieron los contratos y los comprobantes de pago de los contratos de la obra.