La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó hoy la “inmediata captura” y posterior traslado a la Unidad Penal 1, del ex gobernador Sergio Uribarri.

La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó hoy la “inmediata captura” y posterior traslado a la Unidad Penal 1, del ex gobernador Sergio Uribarri ante el riesgo de “frustrar los fines del proceso”, al anular un fallo anterior que le había permitido seguir en libertad hasta que quede firme la condena en su contra.

“Se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria”, sostuvo la decisión de ese tribunal entrerriano integrado por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, dijeron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

De esta manera, se revocó una resolución perteneciente al mes de septiembre de 2024 del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, que había rechazado un planteo fiscal para ordenar la prisión preventiva y se dispuso que los dos condenados en el caso, Urribarri y Juan Aguilera la cumplan hasta que la Corte Suprema analice sus condenas.

Los condenados “vienen realizando acciones concretas y comprobables para no someterse al procedimiento -que aún no ha finalizado- e impedir el cumplimiento de la pena”, advirtieron en una resolución de 74 carillas a la que tuvo acceso Noticias Argentinas.

Los camaristas hicieron lugar a una apelación fiscal y mencionaron “tratados internacionales” que comprometen a la Argentina en la lucha contra la corrupción y le impone el “deber de investigar, juzgar y castigar” estos delitos con “una mayor intensidad”.

“El análisis de la necesidad de la prisión preventiva debe conciliarse con la gravedad del hecho que se investiga, y con la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de prevenir, investigar, sancionar y reparar los delitos de corrupción”, consignó la resolución.

“En el caso puntual, la pena efectiva no es una expectativa, porque ya fue impuesta y confirmada: Aguilera recibió una pena de seis años y seis meses de prisión y Urribarri de ocho”.

El ex gobernador sólo estuvo presente en su declaración de imputado y luego participó de las audiencias de manera remota, sin que se haya podido comprobar fehacientemente dónde se encontraba.

Además, “se ha podido comprobar” que la audiencia de prisión preventiva, no se pudo concretar por las innumerables maniobras dilatorias de la defensa durante más de cuatro meses. Dichas maniobras, se llevaron a cabo durante toda la tramitación del proceso. Tal como puede comprobarse con la demora que hubo para poder llegar a realizarse las audiencias de juicio y de casación, cuya fijación se dificultó por la presentación de recusaciones por causales inexistentes y recursos que no están previstos en el CPPER.

“También forma parte del comportamiento posterior de Urribarri la persistente negación de la condena, al punto de realizar denuncias insólitas en extrañas jurisdicciones tachando de “mesa judicial” a los magistrados que intervinieron en las causas”, advirtió el fallo.

En el caso se dilató el cumplimiento de la sentencia condenatoria, que aún no está firme, “con diversas maniobras que trasuntan o un desconocimiento de la vía recursiva, o una voluntad” de “no respetarla”, advierte la sentencia.

Uribarri está condenado desde 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por “peculado” y “negociaciones incompatibles” en una sentencia que está apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.