26 años después del atentado a la AMIA no hay responsables condenados por el mayor atentado realizado en territorio argentino
El atentado a la AMIA tuvo lugar el 18 de julio a las 9.53 de la mañana, en el edificio ubicado en la calle Pasteur 633. No solo es el atentado más grande en el territorio argentino, sino que es uno de los mayores ejemplos de impunidad en el país.
Aún hoy, 26 años después, la Causa AMIA sigue impune. Ningún sospechoso ha sido juzgado o arrestado. Las investigaciones judiciales estuvieron marcadas por el encubrimiento.
El primer juicio para conocer a los responsables fue llevado adelante por los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el juez Juan José Galeano. Los tres siguieron la pista de la “conexión local” luego de que Carlos Telleldin, vendedor de autos truchos, declarara que entregó el coche bomba, una Traffic blanca, a un grupo de policías bonaerenses.
La investigación fue rápidamente objetada por las familias, y en 1997 familiares de las víctimas de la agrupación Memoria Activa denunció irregularidades en la causa y acusó al gobierno nacional de buscar el encubrimiento.
Ese mismo año, se filtró un video de Galeano y Telleldin donde el primero le paga al segundo 400.000 dólares para que acuse a los policías bonaerenses. El juicio comenzó en el 2001 y los jueces Mullen, Barbaccia y Alberto Nisman mantuvieron la acusación a los policías a pesar de las revelaciones.
La verdad sobre el armado de la causa de la “conexión local”, con el objetivo de encubrir a los verdaderos perpetradores del atentado de la AMIA, comenzó a aflorar con el paso de los años; y entre 2003 y 2004 tanto el juez Galeano como los fiscales Mullen y Barbaccia fueron separados de la causa.
El 2 de septiembre de 2004 el juicio terminó y toda la causa fue declarada nula, los policías fueron liberados y se comenzó a investigar el encubrimiento, que recién en febrero de 2019 terminó con condenas a Galeano, Mullen y Barbaccia entre otros, pero sin prisiones efectivas.
Superado este hecho bochornoso en la historia del Estado nacional, el gobierno de Néstor Kirchner creó la Unidad Fiscal para la Investigación del atentado (UFI-AMIA) y puso a Alberto Nisman, sobreviviente de la causa por encubrimiento.
En 2006, el fiscal acusó formalmente a la República Islámica de Irán por el atentado y pidió la detención de un grupo de funcionarios iraníes y autoridades de Hezbolá.
Meses después Nisman logró que Interpol levantara alertas rojas para funcionarios iraníes, aunque ni el gobierno nacional ni la Justicia argentina lograron que accedan a declarar.
Las personas son: Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria; Ali Fallahian, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural; Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS; y Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina.
Las alertas rojas de Interpol son parte de la acusación que, años después y sin avances importantes en la causa, Nisman presentó a Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno por el supuesto intento de encubrimiento del atentado a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
El Memorándum fue firmado en 2013 en Etiopía y tuvo como objetivo buscar avances en la causa, que se encontraba estancada en ese momento y como lo está ahora. El acuerdo estipulaba la creación de una Comisión de la Verdad, compuesta por especialistas internacionales y la posibilidad de que Nisman y Rodolfo Canicoba Corral, juez de la causa, pudieran viajar a tomar declaración indagatoria a los acusados a Teherán.
Más allá de la denuncia que Nisman presentó en el verano de 2015 y que nunca llegó a defender ante el Congreso de la Nación porque fue hallado muerto en su departamento horas antes, el Memorándum fue criticado porque la creación de una Comisión de la Verdad ponía en tela de juicio la responsabilidad iraní en el atentado, acreditada por la acusación de la Justicia argentina y se discutía la competencia de Nisman y Canicoba Corral en Teherán.
El acuerdo con Irán fue votado y aprobado por ambas cámaras del Congreso pero nunca llegó a aplicarse porque el país persa no cumplió con su parte del trato y nunca lo envió a su Parlamento.
La denuncia que Nisman realizó en 2015 planteaba un posible pedido del gobierno argentino a Interpol para que levante las alertas rojas a los funcionarios en pos de un acuerdo comercial por petróleo iraní.
Documentos de Interpol desmintieron en reiteradas oportunidades algún tipo de pedido de parte del gobierno argentino para levantar las circulares rojas. No obstante, por esa causa estuvieron detenidos Luis D’Elía, Fernando Esteche, Carlos Zannini y Héctor Timmerman, este último con prisión domiciliaria por la grave enfermedad que sufría en ese momento.
A 26 años del atentado, Argentina no logró encontrar a los responsables del mayor atentado en su territorio, y la investigación es un fiel reflejo de la impunidad y el accionar de los servicios de inteligencia en la Justicia.