El Tribunal Oral Federal 5 dio a conocer el veredicto pero los fundamentos recién se conocerán el 25 de marzo del año próximo.
Veinticuatro años, dos meses y 13 días después de una de las peores catástrofes de la aviación civil nacional, la caída de un avión de la línea aérea Austral en Fray Bentos, en Uruguay, donde murieron 74 personas, la Justicia absolvió a 33 de los acusados que fueron juzgados por el delito de estrago doloso.
El juicio había comenzado en marzo de 2019 con el debate de exdirectivos de la empresa y exfuncionarios de la Fuerza Aérea sentados en el banquillo de los acusados.
La decisión de absolver a los exdirectivos de la empresa y a exfuncionarios de la Fuerza Aérea fue tomada por el Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N° 5, integrado por los jueces José Martínez Sobrino, Adriana Palloti y Daniel Obligado. Los fundamentos de la sentencia se conocerán en marzo próximo.
La caída del avión DC9-32, conocida como la tragedia de Austral, ocurrió el 10 de octubre de 1997. La aeronave había despegado del aeropuerto de Posadas, en Misiones, y tenía como destino el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, en Buenos Aires.
Hace tres meses, en su alegato, el fiscal Elorrio consideró que no había pruebas suficientes para inculpar a las personas sentadas en el banquillo de los acusados.
El representante del Ministerio Público consideró que ante la insuficiencia de elementos de cargo debía primar el principio de in dubio pro reo, es decir, que ante la duda se debe fallar a favor del imputado. Así fue como postuló la absolución de todos los acusados por el delito más grave porque las pruebas recogidas en la instrucción y en el debate oral “no tienen el grado de consistencia requerido para que caiga el principio de inocencia”.
García Elorrio consideró que no podía tomarse como prueba válida el informe final de la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos (CIADA) de Uruguay, que concluyó que la caída de la aeronave se produjo como consecuencia directa de una errónea decisión del copiloto que produjo la pérdida de control de la nave. Ese error fue inducido por el congelamiento de los tubos de Pitot (sensor de velocidad) y la inexistencia en el avión de la alarma recomendada para alertar sobre esa situación, así como la falta de entrenamiento adecuado de los pilotos.
La tripulación del vuelo estaba integrada por Jorge Cécere (comandante), Horacio Núñez (copiloto), Susana Trotta (comisaria de a bordo), Bibiana Rumachella (primera auxiliar) y Fernando Álvarez (segundo auxiliar). En 2003 los imputados habían sido sobreseídos, pero mediante apelaciones, tres años más tarde, resultaron procesados por estrago doloso, y en sucesivas etapas (2013, 2017 y 2018) la causa llegó a la etapa de juicio. El debate comenzó el 26 de marzo.
Se tardó un año y medio después. Las querellas pidieron que los imputados fueran condenados a 25 años de prisión, pero la fiscalía no formuló acusación y reclamó la absolución de todos los imputados por el “beneficio de la duda”. La fiscalía había pedido, no obstante, penas para el ex director de Certificación Aeronáutica, Danilo Wenk, pero tampoco la causa prosperará en su caso ya que murió el 15 de diciembre pasado, antes de que se conociera el veredicto. Entonces, la acción penal en su contra se extinguió.
El fallo exculpó a Manuel Morán, ex presidente de Austral, director de Iberia y titular de Aerolíneas Argentinas y su controlante Interinvest S.A.; Mario Víctor Sruber, vicepresidente de Austral; Gabriel Mario Pérez Junqueira, Gerente de Asesoría de Aerolíneas Argentinas y director de Austral, al igual que Walter Hayas, Mario Daniel Cardoni, Fernando José Francisco Mayorga, Francisco Javier Monzón (nunca se presentó al juicio) y Ángel Rafael Sanchis Herrero.
También benefició a Javier Losa de la Cruz, gerente técnico de Austral; Jorge Belarmino Fernández, gerente de Mantenimiento; Ricardo Embon, gerente de Planeamiento e Ingeniería; Andrés Alberto Arribillaga, instructor de vuelo; Juan Manuel Baigorria, Director Nacional de Aeronavegabilidad; Carlos Horacio González, Director de Habilitación y Fomento del Comando de Regiones Aéreas; Hugo Alberto Adib, Director de Certificación “Córdoba”; Carlos Carmenini, Jefe de Transporte Aéreo Regular; Norberto Alfredo Sotelo Ossa, Director Aviación de Transporte.
También a Eduardo Sánchez Ara, director de Certificación Córdoba; y Guillermo Destefanis, integrante de la Comisión Asesora de Licencias de Funciones Aeronáuticas Civiles, al igual que Juan Fortuny. También abarca a Enrique Ventura de Anchorena, Gerente de Operaciones de Austral; Pablo Alfredo Chini, Gerente de Aseguramiento de Calidad; Norberto Hugo Nieves, Auditor de Aseguramiento de Calidad; Miguel Arturo Salvioli, Subgerente de Ingeniería; Norberto Alejandro Verne, Subgerente de Planeamiento; Claudio Marcelo Gorla, Inspector de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad.
Al igual que Héctor Alejandro Pérez, Juan Casimiro Astrada Ladrón de Guevara, este último quien intervino en el proceso de habilitación y certificación de la aeronave siniestrada. La resolución del Tribunal alcanza también a Eduardo Carlos Ford, Gerente de Operaciones de Vuelo; Alberto Muñoz, Gerente de Logística de Austral; y Rodolfo Gerardo Giromini, Instructor de vuelo al igual que Roberto Luis Pignato, y Ángel Norberto Esnagola, quienes instruyeron a los pilotos que protagonizaron el siniestro.
“Tengo que decir esta fue la última causa que presido. Me he jubilado el año pasado. Ingresé en el PJN en 1968. Desde año 1993 hasta ahora en el fuero federal. No puedo dejar de señalar el agradecimiento a todas las partes que intervinieron. Todos colaboraron y pusieron su empeño para que este juicio avanzara. La novedosa temática, una tragedia aérea con tantas víctimas, nos obligó a tener un plus de dedicación y de concentración porque teníamos que juzgar las responsabilidades de los imputados en un hecho tan terrible”, sostuvo Martínez Sobrino antes de leer el veredicto.