Diputados de Juntos por el Cambio hicieron una presentación porque entienden que la medida “atenta sobre la libertad de los argentinos”. Desde Republicanos Unidos aseguraron que la decisión es inconstitucional.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio pidieron la derogación de la medida del Banco Central que prohíbe la financiación, mediante tarjetas de crédito, de pasajes al exterior y diferentes servicios turísticos.

“Atenta sobre la libertad de los argentinos de salir del país consagrada en la Constitución”, alertaron. De estas manera, se convierte en la primera denuncia penal contra las autoridades del Banco Central por la prohibición de los viajes en cuotas.

La denuncia fue presentada por los mismos denunciantes de la fiesta de Olivos y el vacunatorio Vip. Piden que se investigue si el directorio de la autoridad monetaria incurrió en “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad” a raíz de la decisión de prohibir a las tarjetas de crédito vender pasajes al exterior en cuotas, que se conoció anoche como una manera de frenar la salida de divisas. La presentación quedó radicada en los tribunales de Comodoro Py.

La denuncia la realizaron dirigentes de Republicanos Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Yamil Santoro, Marina Kienast, José Magioncalda y Juan Martín Fazio. En este caso, la acusación apuntó contra las autoridades del Banco Central de la República Argentina. Desde JxC, fueron los diputados Gustavo Menna, Mario Negri, Lorena Matzen, Martín Grande, Mariana Stilman, Julieta Marcolli, Gerardo Cipolini, Karina Banfi, Mónica Frade, Gustavo Hein, Dina Rezinovsky, Gabriela Lena, Alfredo Schiavoni, Ingrid Jetter y Luis Pastori quienes hicieron una presentación para que la medida se anule.

Según los denunciantes, la Comunicación “A” 7407, al impedir la adquisición de productos turísticos en el exterior mediante tarjeta de crédito, vulnera la ley de tarjeta de crédito, la ley de defensa del consumidor, el Código Civil y Comercial de la Nación, y la Carta Orgánica del BCRA, así como las normas constitucionales que establecen el orden de prelación de las leyes y el derecho a entrar y salir del país.

Los legisladores macristas sostienen que con esta decisión “se está prohibiendo que miles de argentinos pueden ejercer su derecho de salir del país, libertad ésta reconocida en forma expresa en el artículo 14 de la Constitución”.

“Está claro que el Banco Central de la República Argentina carece de atribuciones para restringir este tipo de derechos, ya que esa competencia le asiste en forma exclusiva al Congreso de la Nación”, enfatizaron. “En el actual contexto de deterioro económico que ha provocado el gobierno, el sistema de compra en cuotas con tarjeta de crédito es la única alternativa con que cuentan quienes desean emprender un viaje al exterior por la razón que sea: turismo, trabajo, estudios, visita de familiares”, fundamentaron en un comunicado.

La medida responde a la escasez de reservas de la entidad monetaria y advirtieron por la caída de liquidez de la entidad monetaria. “El Central va a seguir tomando medidas restrictivas para que no haya acceso fácil a las divisas. A finales de enero ya no le van a quedar reservas líquidas y probablemente las netas estén bajando fuerte”, advirtió Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso.

“Cada vez restringen más el cepo. La única forma que cierra el atraso cambiario en el que se han metido es justamente restringiendo más y más la demanda de dólares. Esto es un paso más en ese sentido. El punto es que en algún momento va a ser imposible seguir manteniéndolo”, analizó.

Por otro lado el operador financiero Christian Buteler dijo: “Obviamente esta decisión tiene que ver con la escasez de reservas del Banco Central, pero creo que el impacto es mínimo. Quien puede irse lo hará con o sin cuotas, y a quien no le alcanza las cuotas no le resuelven la situación”.

“Esta medida perjudica más a la clase media. A una familia tipo le queda muy caro un dólar a $175, que es el que se paga con la tarjeta”, añadió.