El centro encontrado se halla en la misma manzana en la que funcionó el centro «Automotores Orletti». Fue identificado por sobrevivientes.

El juez federal Daniel Rafecas descubrió que en una vivienda ubicada en Bacacay 3570, en el barrio porteño de Floresta, funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. El magistrado dispuso la prohibición de innovar dentro del domicilio para evitar alteraciones en el lugar de los hechos, además de ordenar un registro fílmico y fotográfico del sótano del lugar, donde las víctimas eran escondidas y torturadas.

Actualmente, la vivienda es una casa de familia. Además, está ubicada en la misma manzana en la que funcionó otro centro clandestino de detención, el conocido como «Automotores Orletti«. Según testimonios que constan en la investigación que se está llevando adelante, en el domicilio hay un pequeño sótano en el cual habrían sido alojadas personas secuestradas durante la última dictadura militar.

La investigación es parte de la megacausa por violaciones a los derechos humanos cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, que se encuentra a su vez vinculada a delitos de lesa humanidad en el centro de detención Orletti. Según la pesquisa realizada, en la casa de Bacacay 3570 habría funcionado un centro clandestino de detención dependiente de la exSecretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la dictadura, que habría estado al mando del fallecido general del Ejército, Otto Paladino.

En declaraciones a AM 750, Rafecas relató: «Hicimos un descubrimiento importante para avanzar en las investigaciones. Veníamos con muchos testimonios que nos indicaban que existió un centro clandestino de detención que dependía de la SIDE y que estaba muy cerca de Automotores Orletti, otro lugar de reclusión por el cual hubo un juicio que terminó con más de 12 condenados. Pero hasta el momento no podíamos descubrir dónde se encontraba», explicó el magistrado.

El dato de la existencia del centro clandestino de la calle Bacacay surgió por testimonios de sobrevivientes que hasta el momento no habían podido precisar su ubicación exacta, hasta que el juzgado recibió documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre la dictadura en Argentina en los que se menciona de manera precisa al domicilio que fue identificado. El inmueble habría sido alquilado por la SIDE hasta el año 1977, cuando se vendió.

Los testimonios en la causa aseguran que las víctimas «eran introducidas encapuchadas, alojadas en habitaciones precarias o en el pequeño sótano de la propiedad, y sometidas a torturas con picana en una habitación acondicionada para ello«. Además, no se descarta que este sitio haya servido también para las operaciones del «Plan Cóndor«.