El número asciende al 41% si solo se tiene en cuenta los hogares que recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia en 2020
Uno de cada tres inquilinos tiene deudas de alquiler pero ese número, ya alto de por sí, lo es todavía más si solo se tiene en cuenta a los hogares que recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en 2020, ya que la cifra se eleva casi a uno de cada dos: un 41%.
Los alarmantes números fueron de acuerdo a una encuesta realizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en junio pasado. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín tomaron en consideración 1351 casos, en los que llegaron a las mencionadas cifras y también quedó en evidencia que la vulnerabilidad inquilina se retroalimenta con la financiera, y así se acumulan desventajas en el terreno habitacionales y en el financiero.
Un punto que destacaron los investigadores fue que si cerca del 40% de los hogares que están atrasados en el pago de deudas y servicios no reciben asistencia alguna para poder desendeudarse, “no hay forma de que su situación no se agrave en forma espiralada”, contrayendo así más deuda.
A su vez, también indicaron que “los hogares con alta vulnerabilidad inquilina presentan menor capacidad de ahorro y tienen menos posibilidades, así, de hacer frente a gastos imprevistos”. De esta manera, explicaron que si en esas familias surge algo fuera de lo común como puede ser cuestiones de salud o de trabajo, y eso implica un gasto excepcional, entonces tendrán que hacer frente a eso y no al pago del alquiler.
Del relevamiento también se desprendió que los jóvenes y las mujeres son los más vulnerables a la hora de sostener un hogar inquilino y que en un contexto de incertidumbre económica y precariedad laboral, junto al gran peso del alquiler en casi toda economía, el riesgo siempre latente de algún despido laboral y la chance del desalojo hace que para muchas personas “alquilar sea algo cada vez más difícil”.
Todo esto pese a que en 2020 se sancionó la Ley de alquileres donde se creó un Programa Nacional de Alquiler Social con herramientas como líneas de subsidios de alquiler, mecanismos de fiscalización para que locadores y locatarios cumplan con el marco normativo, la creación de un seguro público y de instancias de resolución de conflictos, aunque hasta el momento el programa no fue implementando.