Se trata de Héctor Cari de Guachipas, según medios locales, varios funcionarios públicos, entre ellos, un intendente y un diputado, también intentaron obtener el IFE

Desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, gran parte de los ciudadanos vieron perjudicados sus ingresos, debido a no poder ir a trabajar, por tal motivo, para compensar, el Gobierno Nacional estableció, a través de un decreto, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El monto del IFE es de $10.000 pesos y las personas que lo solicitan deben cumplir distintos requisitos. El principal: estar desocupado o tener un trabajo informal. También se incluyó a monotributistas de las categorías más bajas y empleadas de casas particulares, además de los que ya recibían la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En este marco, al menos 50 nombres de legisladores y funcionarios políticos de la provincia de Salta fueron denunciados por haber intentado inscribirse al Ingreso Familiar de Emergencia.

IFE

El bono extraordinario por $10.000 beneficiará, por tercera vez en el año, a más de 322.000 salteños que se quedaron sin ingresos por la crisis del coronavirus. Y de le la lista de 50 funcionarios acusados, 20 cobraron efectivamente el beneficio, según la página web de Anses.

Para el resto del listado, la página informa el pago como «rechazado», lo cual confirma que estas personas se inscribieron con el objetivo de ser beneficiarios. Sin embargo, muchos de los denunciados niegan haberse inscripto, ya que el trámite de inscripción era muy sencillo: sólo bastaba con ingresar el número de CUIL en la solicitud. 

A través del portal de FM Noticias se publicó el listado de funcionarios acusados que accedieron al bono, entre ellos hay concejales de las localidades Santa Victoria Oeste, Guachipas, San Lorenzo, Angastaco y Rivadavia Banda Sur. 

Por su parte, la titular de la Udai (Unidad de atención integral) Salta Norte de la Anses, Susana Aramayo, advirtió que estaban terminando de realizar una investigación preliminar de los datos publicados en los medios de comunicación y que hoy se presentaría personalmente a pedir intervención de la fiscalía penal federal “para investigar a cada uno de estos funcionarios electos y saber si han percibido el IFE, o dilucidar quién y cómo intentaron inscribirlos”.

Por otro lado, el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, repudió la actitud de los funcionarios mediante un mensaje en sus redes sociales: «Atravesamos uno de los momentos más tristes y dolorosos de la historia, por vergüenza, los que hicieron esto y no pueden demostrar lo contrario deberían renunciar a sus cargos!», sentenció.

Finalmente, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, dispuso la intervención de oficio y la apertura de una investigación para determinar si los hechos denunciados que trascendieron a través de publicaciones periodísticas tienen características ilícitas.