La víctima relató el abuso ocurrido en 2015, que comenzó con su declaración contra el clan Ale de proxenetas.
“Abuso sexual simple” es el delito por el que se lo acusa a Gustavo Horacio Torrent, ex agente del Programa de Protección de Testigos que depende del Ministerio de Justicia. Fue procesado la semana pasada por la jueza federal María Servini. Se lo acusa por tres hechos que ocurrieron en 2015, también lo embargaron por un millón y medio de pesos, aunque no le dictó la prisión preventiva. La víctima era, precisamente, una testigo del Programa que debía proteger.
Esta víctima testificó en la megacausa contra el clan Ale de proxenetas de Tucumán, acusado de captar y esclavizar mujeres. Su cúpula fue condenada a duras penas en 2017 por el Tribunal Oral Federal de su provincia. La víctima relató en la ampliación de su denuncia: “El día 8 de octubre de 2014 ingresé al Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación” comenzó diciendo.
Y continuó explicando que esto fue: “por el riesgo que implicaba para mi persona la declaración testimonial que debía prestar en el marco de dos causas, una de trata y otra de lavado de activos”. Poco después, la mujer es trasladada a La Plata. Su operador designado fue Torrent, hoy de 60 años, oriundo de la zona oeste del Conurbano, empleado en el Programa desde 2009 según confirmó en la causa el propio Ministerio de Justicia.
“Yo me vine de Tucumán a La Plata con mis dos hijos y otra chica que también había estado rescatada…”. La función de Torrent era administrativa, ya que de él dependía para todo, porque el manejaba las cuestiones relacionadas a lo económico, a la seguridad, a la salud, la educación de mis hijos, todo. Es decir, absolutamente toda mi vida pasaba por él, porque todo lo que yo hacía cotidianamente necesitaba ser previamente autorizado por el Programa.
“Y él era el representante del organismo al que yo tenía que acudir”. La situación de la mujer, que tiempo antes había superado un cáncer, era particularmente vulnerable: una serie de estudios le descubrieron un quiste en un pulmón. Esta vulnerabilidad, declaró la víctima, fue aprovechada por el presunto abusador. “Cuando Torrent se entera de esto, empieza a venir desde la capital hasta La Plata para asistirme” relata la víctima.
“Ahí noté que empezó a buscar excusas para venir a La Plata. Me empezó a decir que estaba enamorado de mí, que me quería como si me conociera de toda la vida. Me puso el apodo ´Tempanito´ porque yo no le correspondía todo lo que él me decía. Ahí empezó a ponerse más denso todo. Por ejemplo, de a poco él fue restringiendo todos los contactos con el resto de los profesionales, como la psicóloga y la trabajadora social” del Programa.
La mujer aseguró que alertó a altas autoridades del Programa de esta situación. Según ella, lo minimizaron, aseguraron que el “pobre Gustavo” se había “enamorado” y que “nada hizo”, algo que la Procuración de Investigaciones Administrativas, que intervino en el caso, calificó como una “alarmante normalización”. Los abusos, una serie de manoseos en los pechos y partes genitales de la víctima, ocurrieron en el marco de un viaje a Costa Azul.
En esa ocasión “al sentirse descompuesta la denunciante por la medicación que tomaba, se acostó en la cama de la víctima y le levantó la remera para acariciarla en dónde le dolía”, asegura el expediente. Otro hecho ocurrió también, en la cocina de un domicilio que le había asignado el Programa en Campana. Allí, Torrent habría intentado forzarle la lengua dentro de la boca. El expediente estuvo a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, con la intervención también de la UFEM y la PROTEX.
La víctima, es representada por el abogado querellante Martín Olari Ugrotte, que fue parte de la querella de la Unidad de Información Financiera que logró la condena al clan Ale en 2017. “Este caso es la punta del iceberg. Deja al descubierto la deficiencia del sistema de protección de testigos e imputados colaboradores en el país. El caso va mucho más allá del daño que sufrió la víctima, que demostró su valentía declarando en múltiples procesos“, comenzó diciendo el letrado.
“Denota la falta de criterios del programa de Protección de Testigos, la falta de capacitación del personal. La consecuencia que tiene que tener este proceso, que va camino a un juicio oral, no se tiene que tratar solo de una condena contra el agente Torrent, sino que debe también impulsar una revisión de cómo funciona el sistema de protección de testigos”, afirma Olari Ugrotte, que asegura que la prueba podrá ser ampliada en la etapa de juicio oral.