Ambas iniciativas serán giradas a un mismo tiempo al Congreso, donde el proyecto sobre el aborto fue tratado por primera vez el año pasado, cuando la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados y rechazada en el Senado.

«Esta semana ingresarán al Congreso ambos proyectos», detalló una fuente del Gobierno en declaraciones a la Agencia Telam, el de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y el llamado Plan de los 1.000 días para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida».

En el caso del proyecto de ley de legalización del aborto, se incluirá la denominada «objeción de conciencia», según adelantó el ministro de Salud, Ginés González García, este fin de semana en declaraciones periodísticas.

La Iglesia católica sostuvo que «no es lícito eliminar ninguna vida humana» y destacó la necesidad de «discernir prioridades» en un país que tiene «altos niveles de pobreza e indigencia», al rechazar la iniciativa en una misa que este domingo congregó gran cantidad de público frente a la Catedral de Luján.

El presidente Alberto Fernández había anunciado el 1 de marzo, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, que el proyecto para la legalización del aborto sería enviado en los «próximos 10 días».

«El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa, la que nos hace caer en un debate como este», dijo Fernández ante los legisladores.

«Por eso, dentro de los próximos diez días, presentaré un proyecto de ley de Interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar», agregó.

González García adelantó el fin de semana que se propondrá que el plazo sea hasta la semana 14 de gestación para proteger a «quienes llegan tarde, mal, y no tienen acceso».

«Tenés que darle un par de semanas más porque después de eso no se puede. Esa es la razón, no es una pelea biológica del tamaño del embrión, es un problema de accesibilidad, nada más», enfatizó.

«El proyecto va a ser muy explícito, pero va a tener penas, no sobre la mujer, pero sí con quien cobre, el que salga fuera de la norma, el que lo haga después de las 14 semanas, con el médico que lo haga, el que usufructe económicamente, el que no cumpla con las causales como riesgo de vida de la mujer o violación», añadió.