
Las 19 personas que fueron detenidas en el marco de la causa que investiga a una secta acusada de trata de personas, explotación sexual y asociación ilícita, entre otros delitos, se negaron a prestar declaración indagatoria, según informaron fuentes judiciales.
De acuerdo a los voceros, los diez hombres que estaban alojados en la Alcaidía Madariaga de la PFA y las nueve mujeres que se encuentran en Alcaidía Cavia fueron trasladados hoy a la sede del Juzgado Federal interviniente para ser indagados, aunque ninguno de los involucrados aceptó declarar.
Entre los detenidos se encuentran un médico psiquiatra de 50 años, un contador de 60, una arquitecta de 64 y hasta un campeón mundial de magia. El supuesto cabecilla de la organización fue identificado como Juan P., de 84 años.
Según la investigación, esta organización prometía la cura de “los males del Sida y las drogas” y aseguraba que el objetivo era “buscar el desarrollo de la felicidad”. Algunas personas eran dormidas durante días como forma de castigo. Otras eran reducidas a la servidumbre y explotadas sexualmente.
Una de sus principales sedes funcionaba en la avenida Estado de Israel al 4400, en el barrio porteño de Villa Crespo.
El operativo, realizado la semana pasada, fue encabezado por el Departamento Trata de Personas de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA). Con la intervención del Juzgado Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, se llevaron a cabo cincuenta allanamientos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia.
En los operativos, los efectivos de la PFA secuestraron más de 1.000.000 de dólares, 1.900.000 pesos, 1.000 libras esterlinas, una camioneta Ford Bronco que utilizaba el supuesto cabecilla de la organización, treinta medallas de plata, juguetes sexuales, videos pornográficos, computadores, historias clínicas, títulos de propiedad y documentación de interés para la causa, entre otras cosas.
La acusación contra los miembros de esta secta es por los delitos de “trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado por coerción”, “hurto agravado”, “lavado de activos”, “asociación ilícita”, “ejercicio ilegal de la medicina”, “expendio irregular de medicamentos” y “tráfico de influencias”.
Los voceros consultados señalaron que esta organización llevaría más de tres décadas operando en Argentina. Según indicaron, se “dedicaría a captar personas para, en algunos casos, incorporarlos a la organización y reducirlos a una situación de servidumbre y en otros casos para ofrecerles algunos de los tratamientos ‘médicos’ que harían en sus ‘clínicas’, con el propósito de obtener dinero, influencias y/o ‘coberturas’ para sus líderes”.
Además, señalaron que en la actualidad la organización utilizaba a sus “adeptas” para el ofrecimiento de relaciones sexuales a “personas de poder”. Otro punto destacado de la investigación tiene que ver con las “curas de sueño”. Al parecer, les suministraban distintas drogas para que durmieran durante días como una forma de castigo en algunos casos y un supuesto tratamiento contra las drogas en otros.